¿Son respetados los derechos al trabajo y al libre tránsito?

Esa es la pregunta que seguramente se hace el ciudadano común, que vive de su trabajo, no de la política, al enterarse de que la Procuraduría ha informado recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en nuestro país “son respetados los derechos a la protesta, al trabajo y a la libre circulación”. Por tal versión, aparentemente en Bolivia se respeta el ordenamiento legal, pero la convulsión social de los últimos días hace ver lo contrario.
Y es que, por “derecho a la protesta”, sectores masistas entienden que pueden recurrir al bloqueo de caminos en cualquier momento para presionar al gobierno de turno hasta que sean aceptadas sus demandas. En ese sentido, a pesar de un acuerdo en la Asamblea Legislativa para impulsar la realización de las elecciones judiciales, el bloqueo de vías, particularmente en Cochabamba, ha seguido, mientras en otros lugares se dio un cuarto intermedio, con la amenaza de intensificar la presión, en caso de que no se dé curso a nuevas elecciones judiciales y los magistrados auto prorrogados no sean alejados de sus cargos.
Las consecuencias de los bloqueos iniciados por los partidarios de Evo Morales, por quince días, son pérdidas económicas por más de 800 millones de dólares, según datos del oficialismo, además de cuatro muertos y grandes perjuicios a las poblaciones. Lo peor es que los responsables de estos bloqueos y de muchos otros en el pasado reciente –inclusive durante la pandemia por el covid-19–, desde que apareció el MAS en el ámbito político, quedan en la impunidad.
Lo cierto es que los bloqueos generalmente se deben a intereses político partidarios y afectan a millones de bolivianos que necesitan trabajar para mantener a sus familias, para lo cual deben movilizarse o llevar sus productos de una región a otra y hasta para exportar. Pero los bloqueos organizados por el MAS –actualmente dividido entre arcistas y evistas, sin que se sepa si es por pugnas internas o por estrategia política–, tienden a favorecer a una agrupación política obsesionada por seguir gobernando, sin reparar en el enorme daño que causa con esa medida a la mayoría de la población del país. Por tal situación de convulsión social tan frecuente, cada vez son menos las industrias legales, por lo que muchas han emigrado en busca de mejores condiciones para desarrollar sus actividades.
Por todo ello, lo que se advierte es que “son respetados los derechos a la protesta, al trabajo y a la libre circulación” de los partidarios del MAS, no del enorme resto de la población que no vive de la política mezquina, sino que se esfuerza para “salir adelante”, con trabajo y no con discursos demagógicos.
Otra prueba más de tal irregularidad es que sectores evistas ya han anunciado festejos cuando sean aprobadas las elecciones judiciales, sin que les importen los enormes daños económicos que han causado a sectores productivos. Como la opinión pública ha hecho notar, solo les interesa a los partidarios del MAS auto prorrogarse en el poder, de manera indefinida, sea a través de triquiñuelas jurídicas o presión violenta, como los bloqueos de caminos.