Problemas ambientales pendientes de solución

El surgimiento de medidas de presión, como bloqueos de caminos, por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes, con la bandera de “hacer respetar” la Constitución Política, se oponen a la auto prórroga de magistrados y hacen otras demandas improvisadas, otros problemas han quedado relegados, a pesar de su importancia. Nos referimos, por ejemplo, a la difícil situación económica que soporta la población, por factores como la subida de precios de la canasta familiar, la falta de dólares, la desaparición de empresas formales, con el consiguiente desempleo, etc.
Otro asunto no menor tiene que ver con la pérdida de más de tres millones de hectáreas de bosques y pajonales en departamentos como Santa Cruz, Beni y La Paz, por voraces incendios causados por grupos interesados en el tráfico de tierras, la instalación de cultivos de coca y otros dedicados a la expansión agrícola y la ganadería. Es decir, gente interesada en aprovechar recursos naturales, incluso dentro de parques naturales, supuestamente protegidos por leyes ambientales.
En el pasado año, se estima que la deforestación debido a incendios fue mayor en la Amazonia beniana y en el norte de La Paz, mientras que en Santa Cruz la pérdida de vegetación se debió particularmente al deseo de habilitar terrenos para intensificar la producción de soya y sus derivados, considerando que dejan ganancias apetecibles. Por el contrario, en países vecinos se busca otros medios para no incurrir en una expansión agrícola desenfrenada.
Una tarea indispensable para evitar catástrofes ambientales, como los incendios de millones de hectáreas en 2023, es la derogación de normas como la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; la Ley 741 que da curso al desmonte de hasta 20 hectáreas para propiedades agrícolas y ganaderas; la Ley 1098 para producir etanol y diésel, entre otras. También deberían ser anulados el Decreto Supremo 3.973 que autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para agropecuaria; el DS 26.075 que amplía fronteras para ganadería y agroindustria en bosques y el DS 4.232 que autoriza procedimientos abreviados para evaluar maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados.
Sin embargo, no solo es urgente derogar todas las normas que favorezcan las quemas de bosques y la deforestación, sino enfrentar el grave problema de la contaminación, particularmente por mercurio, químico tóxico que es derramado en ríos como el Madre de Dios y Beni, debido a la extracción de oro en esas zonas. Las consecuencias de usar este químico peligroso son notorias en poblaciones indígenas, las cuales no reciben toda la ayuda que corresponde.
Por lo mencionado, mientras sectores oficialistas se enfrascan en pugnas internas por el poder, quedan sin solución problemas tan graves como el deterioro de reservas naturales y el atentado contra la salud de poblaciones nativas.