Amnistía Internacional (AI) exigió ayer la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y se desconoce su paradero, según denuncian organizaciones no gubernamentales del país caribeño.
Amnistía Internacional aseguró que está monitoreando la denuncia de desaparición forzada de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como acceso a abogados y familiares.
Asimismo, varias ONG locales y partidos políticos opositores también exigieron ayer la liberación de la activista.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió a través de X al fiscal general del régimen, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información sobre el paradero de San Miguel y su “inmediata liberación”.
El Frente Amplio de Mujeres rechazó “contundentemente” la “detención arbitraria y desaparición” de la activista, de quien exigió “de inmediato fe de vida”, y alertó a la comunidad internacional de “esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial”, prevista para este año, aunque aún sin fecha definida.
Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron “48 horas de la desaparición” de San Miguel, quien fue detenida por un grupo SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.
Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.
San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al régimen venezolano presentar, a más tardar el 6 de mayo, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo.
Por estas últimas presuntas conspiraciones sumaban 36 detenidos -12 por “Brazalete blanco”- y 22 personas con órdenes de captura, según dijo el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, el 26 de enero.
“Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa”, condenó María Corina Machado, principal figura de la oposición de cara a las presidenciales de 2024, pese a una inhabilitación política en su contra por 15 años.
El también líder opositor, Henrique Capriles, denunció en tanto que una vez más desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto.
San Miguel ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 el llamado a un referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Según la ONG Foro Penal, Venezuela suma 261 presos políticos, entre ellos 18 mujeres y 146 militares.
El gobierno y la oposición firmaron en octubre pasado un acuerdo político de cara a las presidenciales, que llevó a liberar a 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos que estaban presos en Venezuela por motivos políticos, a cambio de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro y quien se encontraba detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero. (infobae/Efe/Afp)