Bolivia ha tenido una primera Constitución –la de 1826– reformada parcialmente diecinueve veces hasta la del año 2004. En rigor académico y conceptual, la segunda Constitución boliviana, por lo tanto, fue la aprobada el año 2009, que es por definición, ampulosa y llena de desatinos históricos desde su propio preámbulo. En cierta forma, se puede decir que es la resultante del quehacer de diferentes comisiones en la Asamblea Constituyente –no exenta de graves conflictos políticos y sociales– y sobre todo del trabajo exclusivo y excluyente de gente ligada de manera directa o indirecta al Movimiento al Socialismo.
En estas circunstancias, mal podría hablarse de una Constitución pensada o nacida con el ánimo de llevar adelante una profundización de la democracia, el bienestar social y económico de los bolivianos y el respeto al pluralismo político. Por el contrario, las huellas de un indigenismo a ultranza son notables si se hace una lectura acabada del texto. Así sentadas las bases de esta Constitución, a la postre se ha profundizado el autoritarismo en el país, y en no menor medida, se ha disuelto en la práctica la separación de poderes, y para colmo, se ha llevado a la cárcel y al exilio político a miles de conciudadanos.
Consecuentemente, la naturaleza del texto aprobado en 2009, adolece de graves faltas de interpretación histórica, y se halla precedida de insuficientes, cuando no mínimos debates y nulos consensos en comisiones constituyentes. Recordemos, además, que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente definía la aprobación del texto final por dos tercios de votos; extremo que luego fue desobedecido por los propios constituyentes al aprobar un proyecto de Constitución en Sucre, por dos tercios de los “miembros presentes”, a puerta cerrada y en un cuartel militar cercano a La Glorieta. Luego, serían individuos bolivianos y algunos europeos, los encargados de redactar el texto definitivo; extremo no contemplado en la ley, claro está.
Después de más de una década de aprobación de la Constitución de 2009, con artimañas, mentiras, dobleces y luto, conviene plantear seriamente a la actual y las futuras generaciones, una nueva Constitución de Reconciliación Nacional, sobre la base de la libertad, la igualdad, la justicia, y el pluralismo político. La historia enseña que una Constitución hecha sobre la base de aspiraciones democráticas –como por ejemplo la Constitución Española de 1978 que puso fin al régimen franquista– prospera y tiene frutos a corto, mediano y largo plazo.
El autor es abogado.