La Constitución Política del Estado define en el Art.8 que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: Ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereco (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi marael (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). Sin embargo, el Gobierno NO cumple con la Constitución ni la hace cumplir y los corruptos que están en altos cargos como servidores públicos, gozan de impunidad. No hay investigación de fortunas.
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el principal producto de investigación de Transparencia Internacional (TI), se ha convertido en el indicador mundial de la corrupción en el sector público. Ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción, clasificando países y territorios de todo el mundo. De acuerdo con el informe de IPC de 2023, Bolivia ocupa el puesto 137, y está en el tercer lugar después de Venezuela y Paraguay, como los países más corruptos de la región. Y la falta de independencia judicial es una de las principales causas, según Transparencia Internacional, por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y, sobre todo, la presión política sobre jueces y magistrados. Manifestaron que en el país los «grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo». Asimismo, como bien menciona TI en su informe, “la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos. Abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción”.
En la Asamblea Constituyente abordamos el tema de las y los magistrados del Tribunal de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Determinamos que el Consejo de la Magistratura haga la preselección de las y los candidatos por cada departamento y luego las listas sean remitidas al Tribunal Supremo Electoral para la elección popular, mediante voto secreto. Lamentablemente el Congreso de 2007, donde el MAS tenía 2/3, modificó lo establecido, para que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional, eminentemente política, la que preseleccione a las y los candidatos. Y esa fue una de las causas de la crisis del sistema judicial.
Por la politización del sistema judicial, los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados, por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos, como rechazo a los procesos electorales judiciales, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo, para elegir a jueces afines al oficialismo.
Las elecciones judiciales que debían celebrarse a fines de 2023 no prosperaron porque la preselección de candidatos se estancó en el Legislativo, de mayoría oficialista, que finge peleas internas para distraer la atención sobre los graves problemas económicos que se ciernen sobre Bolivia, después del despilfarro de dinero de las arcas nacionales, por la CORRUPCIÓN generalizada, la falta de dólares, porque “el gas se hizo gas”, el exorbitante déficit fiscal, el déficit de la Balanza de Pagos por la estrepitosa caída de las Reservas Internacionales, que implica dificultades para cubrir el servicio de la deuda, que va creciendo para supuestamente realizar “proyectos” que son parte de campañas políticas. Además, son malos los resultados del lanzamiento de bonos soberanos. Los de 2012 fueron bien acogidos en los mercados internacionales de capitales, pero los emitidos desde 2021 no lograron captar los fondos que el Gobierno esperaba. Es por la falta de garantía y seguridad jurídica.
En Bolivia la efectividad de la Justicia está desnaturalizada por la crisis judicial provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados. La percepción que se tiene de cuán corrupta es la administración pública de un Estado influye de manera contundente en la confianza que otorgan los organismos internacionales, los inversores, los países que ejecutan programas de cooperación internacional y, también, quienes invierten en bonos soberanos.
La autora es Abogada, Economista y ex Asambleísta Constituyente.