sábado, julio 6, 2024
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Detenciones arbitrarias y represión

Arresto de Rocío San Miguel eleva persecución política en Venezuela

La fiscalía en Venezuela defendió la detención por terrorismo de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, un hecho que varias ONGs califican de escalada contra la sociedad civil en un año en el que están previstas las elecciones presidenciales.
Detenciones
arbitrarias y represión
San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, es acusada de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que está “vinculada de manera directa” con la operación “Brazalete blanco”, un supuesto complot denunciado por el gobernante chavismo para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
“Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”, aseguró en una declaración a la prensa Saab, quien sostiene que la activista fue “delatada por los militares detenidos” en el caso.
San Miguel fue arrestada el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también fue detenida pero quedó en libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”, según Saab.
Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”: un celular y una computadora portátil.
La defensa de San Miguel denunció que su residencia estaba siendo allanada. “Tememos que pudieran estar sembrando evidencias”, publicó en X, el abogado Joel García.
DESAPARICIÓN FORZOSA
Desde su arresto, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian la “desaparición forzosa” de su defendida, a quien aún no tuvieron acceso.
Saab aseguró que todo se hizo conforme a derecho.
ESCALADA
“¡Liberen a Rocío!”, repitieron representantes de varias ONGs congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. (Infobae/Afp)

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