El derecho ofrece siempre opciones en nuestra legislación y en otras que del derecho romano se desprenden, siempre y cuando la Constitución Política del Estado (CPE) no esté comprometida, o el orden público o la propia ley pretendan, a cambio, ser vulnerados. Por ejemplo, en el derecho civil vigente existen los actos jurídicos que, a pesar de adolecer de algún vicio, pueden ser confirmados por los mismos contratantes que incurrieron en alguna estipulación que no puede surtir efectos jurídicos, precisamente por la abstracción que de la norma se hizo a tiempo de su celebración. Nuestro derecho positivo hace una cabal categorización de los actos que pueden —eventualmente— ser confirmados.
En ninguna parte del mundo, empero, pueden convalidarse actos jurídicos u omisiones infringiendo la Constitución. Su inobservancia respecto a cualquier previsión contenida en ella, pone al descubierto la precariedad de la democracia. Hoy, en Bolivia, donde el caudillismo va de la mano de la viveza criolla, bajo la figura, siempre constructiva, del consenso, se pretende revestir de legalidad un vicio insanable que constituye el ejercicio antidemocrático, ilegítimo y delictivo de las altas autoridades de la justicia.
El Ejecutivo, a través de sus brazos operativos en los órganos Legislativo y Judicial, logró “legalizar” el desempeño de los jueces que por mandato constitucional cesaron en sus funciones el 31 de diciembre de 2023. Huelgan consideraciones sobre los móviles que mediaron para que el ala “renovadora” del masismo haya impedido la selección de candidatos, que es su corresponsabilidad.
Presionados por un bloqueo de carreteras promovido por el sector oponente del MAS, se ha promulgado la ley que fija plazos para la preselección y selección de postulantes a las altas cortes del Estado, pero se ha provocado un interregno judicial que ninguna conciliación en el interior de la Asamblea logrará restituir el orden constitucional quebrado. De hecho, las bancadas que conforman el Parlamento han propuesto opciones, como si ellas constituyeran una restitución imaginativa de la legalidad.
Por un lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado la prórroga de los jueces cesantes, prolongando de forma inédita e inicua sus propias funciones hasta el verificativo de elecciones nacionales. La negativa opositora a tal decisión, con razón, se ampara en la CPE, cuyo texto en ninguno de sus artículos prevé la posibilidad de prorrogar los seis años para quienes fueron electos para las más altas cortes de justicia y el Consejo de la Magistratura. Por tanto, la prevaricadora determinación de la judicatura constitucional no puede surtir efectos jurídicos bajo los forzados razonamientos de su redacción.
No menos inconducente, y quizás más ilegal, sería la idea de delegar funciones en todos esos cargos a decanos y no sé qué otros actuales funcionarios de menor jerarquía de la judicatura nacional. Pues, bien, si prorrogar a los actuales usurpadores de funciones constituye un franco desafío a la CPE, lo propuesto por Comunidad Ciudadana es caer de la sartén a las brasas, porque por lo menos la primera opción se funda en que aquellos fueron en su momento electos a través del voto universal, pero éstos serían ahora unos sustitutos sin legitimidad, porque una ley no puede derogar la norma de la CPE, que prevé el único camino para acceder a tales cargos, aún si sus obligaciones fueran solo administrativas, como parece ser la inconsulta propuesta opositora, porque la naturaleza y fin de ese órgano es jurisdiccional.
Entonces, ¿qué queda? Dejar al país sin justicia en sus más altas jerarquías y hasta que la voluntad oficialista permita unas elecciones libres, pero anticipadamente vacuas, como aconteció y acontecerá siempre con el actual sistema. Habrá disensos con una salida en apariencia temeraria, como ésta última. Pero hay que ser claros, realistas y fríos: ninguna de las tres opciones sanará lo que está como herida de muerte. La democracia en Bolivia una vez más ha sido golpeada y está desangrándose, de manera que sólo queda tomar el camino menos ilegal, que es el vacío judicial hasta los comicios de los que saldrán nuevos jueces, créanme, de iguales características que los actuales, porque los profesionales realmente idóneos se quedarán en el camino y otros jamás pondrían en juego su reputación para lo que será otro chasco.
El autor es jurista y escritor.