Iniciativa engañosa sobre la jubilación

En países organizados y con gobernantes eficientes, problemas como el desempleo son encarados con medidas que tienden a fortalecer las actividades productivas, a fin dar empleos a jóvenes profesionales o técnicos debidamente capacitados. Quedan al margen, en general, los intereses político partidarios para apropiarse de instituciones públicas con la finalidad de acomodar en cargos públicos a adeptos al régimen de turno, sin que interese el grado de capacidad profesional de los nuevos empleados.
Lamentablemente, en nuestro país, desde el año 2006 ocurre lo contrario, pues prevalece el afán de copar las entidades estatales o crear otras, sin planificación ni rentabilidad, solamente para dar trabajo a los afines al MAS, sin que, en la mayoría de los casos, los designados como funcionarios muestren capacidad para resolver graves problemas, como los conflictos sociales con bloqueos de caminos. La situación empeora cuando escasean los recursos económicos para atender urgentes necesidades del país, después del derroche del dinero de la época del auge de la venta de gas al Brasil y la Argentina. Además, el próximo año habrá elecciones generales y el oficialismo necesita satisfacer a sus adherentes.
En tal sentido, el 25 de enero de 2024 fue aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 395 “Modificación de la Ley de Pensiones”, según el cual los asegurados que tengan 65 años o más de edad “se acogerán y ejercerán el derecho a una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez”. Y para seguir trabajando, el asegurado, “podrá someterse a un examen médico” para evaluar su capacidad física y mental. Pero este requisito no se aplica a “las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”, o sea a políticos. Es otra muestra de discriminación que se suma a la que establece que, por ejemplo, los militares sí tienen una pensión del cien por ciento.
Al Gobierno parece no importarle que el proyecto de ley 395 viola el Art. 18 de la Convención Interamericana que expresa que “La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”. Y el Art. 5 de esa norma que manifiesta: “Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez”.
De ser aprobada dicha norma, muchos adultos mayores pueden ser jubilados con engaños, por una “revisión médica”. No se considera que muchas personas no aceptan jubilarse porque las rentas son paupérrimas. Por ello se percibe que el gobierno nacional para contar con empleos para jóvenes, se presume que afines al masismo, recurre a una medida improvisada y sin consenso.
Se deja de lado aspectos muy importantes, como la dramática reducción de empleos formales, la necesidad de evitar que los montos de las pensiones pierdan valor adquisitivo y debatir con trabajadores activos y pasivos una nueva ley de pensiones, a fin de evitar vulneraciones al derecho al trabajo. Es decir, dejar de usar estratagemas engañosas por afanes político partidarios.