El abogado constitucionalista, Víctor Hugo Chávez, advirtió que los criterios de evaluación aprobados para las elecciones judiciales están exageradamente direccionados para que jueces y fiscales que ya trabajaron en el Estado asuman las altas magistraturas del Órgano Judicial, en discriminación hacia cualquier otro profesional que quiera postularse.
En contacto con EL DIARIO, Chávez realizó un análisis de los criterios de evaluación aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y lamentó que favorezcan enormemente a los actuales jueces y fiscales del Estado, identificando “desigualdad de oportunidades” para funcionarios y profesionales que deseen postularse.
Observó que, por ejemplo, la cátedra universitaria solo será ponderada con cinco puntos para la candidatura a altas magistraturas. El ejercicio profesional por más de 15 años será calificado con 25 puntos, mientras que la función judicial en el Ministerio Público será ponderada con 18 puntos, en el caso de postulantes a consejeros del Consejo de la Magistratura de acuerdo con el artículo 34 de la Convocatoria Pública a Postulantes a Magistrados del Órgano Judicial.
De acuerdo con el jurista, con este sistema de evaluación aprobado por la ALP, un abogado o profesional independiente que desee postular a estos cargos no tiene posibilidades frente a jueces y fiscales que ejercieron funciones.
De continuar con esta convocatoria “desigual”, el abogado y docente de Derecho advirtió que se le quitará legitimidad a futuros procesos electorales dentro del órgano que imparte justicia.
CERTIFICACIONES
Asimismo, observó que dentro de los requisitos, la Asamblea exige certificaciones emitidas por instituciones en las que se haya trabajado hasta hace 25 años, lo cual imposibilita presentar documentación en caso de haber trabajado en instituciones actualmente inexistentes.
“Si trabajé hace tiempo, tengo que hacer memoria y preguntarme si (la institución) sigue existiendo”, mencionó.
Señaló que no hay a quién pedir la redacción de tales certificaciones en entidades que dejaron de existir, reclamando que no se ha previsto esa situación.
Por otra parte, señaló que algunos registros de antecedentes de antigüedad existen, pero datan desde 1997 y solamente son parciales, lo cual puede imposibilitar la presentación de estos requisitos.
“Se está pidiendo requisitos direccionados que no se pueden verificar y benefician grandemente a fiscales y jueces”, señaló el entrevistado.
PRODUCCIÓN INTELECTUAL
Como otra arista del problema, Chávez mencionó que la producción intelectual será ponderada con un puntaje muy bajo para los precandidatos a elecciones judiciales.
La producción de un libro, un proceso que considera “detallado” y “minucioso”, solamente será ponderado con 3 puntos, mientras que el haber trabajado en el Ministerio Público otorga 18 puntos, a favor del precandidato.
El entrevistado arguyó que la investigación y el aporte intelectual al derecho son un trabajo importante para la sociedad, pero lastimosamente solo serán calificados con un sexto del puntaje que tendrán los fiscales y jueces.
También criticó que no se pondere la investigación docente, con apenas tres puntos por artículo realizado. Subrayó que es “casi nada” respecto a los juristas formados en la escuela de jueces del Estado.
Por otra parte, criticó que las especialidades obtenidas en escuelas de jueces del Estado tienen una ponderación de 15 puntos, una ventaja que triplica a los jueces formados de manera común, quienes solo recibirán cinco puntos.
DIRECCIONADO
Para Chávez, los criterios de evaluación están claramente direccionados a favorecer a que los actuales funcionarios del Estado sean las nuevas autoridades del Órgano Judicial, ya que se busca intencionalmente otorgarles mayor puntaje por el hecho de trabajar para el Gobierno.
Manifestó que se debería considerar el haber sido profesional o ser juez, o fiscal en “igualdad de condiciones”.
Advirtió que, el sistema fue aprobado bajo presión en la Asamblea, pese a que los legisladores manifestaron que hubo un supuesto consenso mayoritario en su aprobación.
ACUERDOS POLÍTICOS
Chávez sospecha que la convocatoria podría estar aprobada para desfavorecer a los abogados que nunca fueron fiscales ni jueces, bajo el principio de que fue aprobada por acuerdos políticos.
“O no se fijaron o lo hicieron adrede”, al indicar que “en letra menuda se está depreciando al que nunca fue juez o fiscal”. El jurista deduce que esta convocatoria fue intencionalmente aprobada con “cuestiones de preferencia” que manifiestan “discriminación para el resto de abogados”.
“De mantenerse estas condiciones, uno tendría que ser demasiado iluso para creer que tendremos tratos iguales”, señaló.
En su opinión si existe voluntad política con intenciones de dar trato de igualdad a los precandidatos, “estas ponderaciones extras se deben eliminar”, ya que no puede haber mayor ponderación solo por el hecho de ser juez o fiscal.
Tales decisiones, en última instancia, le corresponden a la Asamblea, la cual decidirá si modifica o continúa con el proceso de elecciones judiciales a sabiendas de los elementos que constituyen desventajas para juristas ajenos al Estado.
Chávez considera que “están sobrando los fundamentos” para que los actuales magistrados se retiren y dejen sus cargos.
Desmintió que los tribunales vayan a cerrar, como supuestamente afirman otros de sus colegas, debido a que los tiempos de respuesta de las altas magistraturas suelen demorar hasta un año. “Eso es parcial, no hará mella (en el funcionamiento del Judicial). La mora procesal son de hasta un año, entonces no va a haber ninguna demora”, aseveró.
SOLUCIONES
Como solución al conflicto, Chávez remarcó que la Comisión Mixta debe levantar estos favorecimientos que suponen discriminación hacia abogados libres, pero recalcó que los responsables de continuar con este proceso serán ambas facciones de la Asamblea, oficialismo y oposición.
Sostuvo que es necesario modificar la convocatoria actual, ante el peligro de que ir a elecciones judiciales con estos favorecimientos generaría más incertidumbre en la población.
Sin embargo, reiteró a EL DIARIO que la última decisión y responsabilidad recae en la ALP, liderada por su presidente, David Choquehuanca.
Víctor Hugo Chávez es abogado constitucionalista y docente de Derecho Constitucional en varias universidades del país, principalmente, en la Universidad Mayor de San Andrés.
