Para desventura de los defensores del sobredimensionado “milagro económico”, el país experimenta un inminente déficit fiscal que, por un lado, desarma la supuesta solidez y blindaje del sistema financiero incapaz de generar ingresos de manera sostenida y, por otro, evidencia la mala praxis de una administración débil en el momento de controlar la falta de liquidez para sufragar gastos presupuestarios, si no es a través del endeudamiento.
De hecho, el publicitado “modelo económico plural” no es otra cosa que la combinación del estatismo en áreas estratégicas de la economía, como el gas y la electricidad –vía la nacionalización de recursos naturales–, con la alianza con el sector privado a cargo de las grandes agroindustrias nacionales, principalmente del oriente del país; el comercio de gran escala y las finanzas en una suerte de coexistencia pacífica con el conglomerado de pequeños emprendimientos artesanales y comerciales que, si bien concentra la mayor cantidad de fuerza de trabajo, no cumple con las leyes laborales e impositivas vigentes.
Para este modelo existen dos sectores: uno “generador de excedentes”, compuesto por las actividades petrolera, minera y eléctrica y el otro “generador de ingresos y empleos”, constituido por el sector de manufacturas, actividades agropecuarias, construcción, turismo y otros. Su funcionamiento está dado por el control del Estado del primer sector (generador de excedentes) convirtiéndose en el principal actor de la economía que transfiere tales excedentes al segundo sector, por la vía del gasto público y la redistribución económica.
Algunos factores que explican su insostenibilidad son: el fin del súper ciclo de las materias primas; el “final del ciclo del gas” y la caída de ingresos por exportaciones, como consecuencia del desgaste natural de los campos de producción; la falta de inversiones para garantizar nuevas reservas; la quema indiscriminada de gas en plantas estatales deficitarias y las malas decisiones de un gobierno que apostó ilusoriamente a la industrialización de los hidrocarburos, que nunca terminó de despegar.
Frente al escenario del déficit fiscal, el gobierno decidió financiarlo con mayor deuda pública y las Reservas Internacionales, ahondando aún más la inestabilidad macroeconómica de la economía boliviana. Recientemente, la agencia calificadora Fitch Ratting redujo las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de “B-” a “CCC” con una “perspectiva negativa” debido a “mayores vulnerabilidades externas”, la significativa disminución de las Reservas Internacionales (RIN), que incrementa los “riesgos para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de servicio de la deuda”, como consecuencia de los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central de Bolivia.
Este gobierno no logra comprender que su mayor problema es el elevado gasto público, la creación de empresas deficitarias con una carga social irracional; la subvención insostenible de carburantes (gasolina, diésel) que en la gestión 2023 ya superó los $us 3.000 millones de importación y, según el Presupuesto General del Estado 2024, se prevé destinar la cifra histórica de $us 3.596 millones. Todo ello viene generando la inestabilidad económica y la alta especulación de alto riesgo que se traduce en la falta de dólares y la falta de RIN. Desde el 2014 el gobierno no tomó previsiones para ajustar las inversiones y peor aún los excesivos gastos, a pesar de que fueron cayendo sustancialmente los ingresos. No se necesita estudiar economía para comprender que cuando los ingresos disminuyen ostensiblemente, es imperativo ajustar y reducir los gastos.
El efecto directo de tales políticas da cuenta de una nueva normalidad: “hay que raspar la olla para vivir el día” que, en un sentido, da cuenta de una crisis estructural (político, social, cultural y económico) y, por otro, evidencia un mercado interno que hace mucho se ha convertido en “mercado intento”: de crecer, de no retroceder, de no cerrar. De ahí que es imperativo realizar ajustes para consolidar una política fiscal de mercado capaz de reducir los altos subsidios; recortar las planillas estatales –por cierto, una de las más altas de Latinoamérica–; fomentar la participación de las empresas privadas con mejores condiciones de inversión; así como la adopción de un sistema de regulación real del régimen de cambio del dólar, que no involucre la desacumulación de Reservas Internacionales tal como viene sucediendo.
El autor es docente e investigador.