Lamentables hechos, como los recientes asesinatos de un ciudadano brasileño y otro nacional a manos de sicarios, que los acribillaron en San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, ha puesto en tela de juicio, una vez más, la pregonada seguridad ciudadana. Esas ejecuciones de dos individuos con antecedentes por narcotráfico fueron, sin embargo, unas muestras más de lo que está ocurriendo en varias regiones en relación con la ola de delincuencia que se agudiza a diario y llega al extremo de causar numerosas víctimas.
Se anuncia con cierta regularidad desde hace algunos años, que el gobierno de turno está adoptando medidas efectivas para garantizar a la ciudadanía un ambiente de tranquilidad, mediante el abatimiento o control de bandas de individuos peligrosos que merodean en las principales capitales de departamento. Los organismos gubernamentales del caso llevaron adelante reuniones de toda índole para reorganizar el sistema de seguridad, donde se habló de aumentar el número de policías, de reajustar salarios, de adoptar nuevos procedimientos de defensa, etc. Es más, fueron efectuadas las conocidas y costosas “reuniones cumbre”, en las cuales se anunció que los problemas desaparecerían en corto plazo.
Con esa política de buenas intenciones (de las cuales está empedrado el camino al infierno), los gobiernos de los últimos años procedieron a cambiar a las más altas autoridades policiales, anunciando en cada oportunidad que los nuevos comandantes dictarían medidas internas y externas para reajustar los mecanismos de seguridad y elevar la eficiencia para asegurar la vida y la propiedad de la ciudadanía.
Sin embargo, las declaraciones y ofrecimientos cayeron, en muchos casos, en saco roto, y los hechos criminales proliferaron no solo en cantidad, sino también en su calidad, ya que las acciones vandálicas fueron más sangrientas y voluminosas, dejando saldos trágicos. Es más, son numerosos los delitos no aclarados.
La lista de hechos de delincuencia en últimos años ha crecido, como atracos, asesinatos, violaciones, robos, estafas, etc. Además, en algunos casos de narcotráfico resultaron implicados funcionarios policiales, algunos de alto rango, que fueron dados de baja o sometidos a juicio, con la esperanza de que esas drásticas medidas sirvan de ejemplo para que se frene la ola de actos ilegales. Tal procedimiento, sin embargo, no dio los resultados que se esperaba y, en cambio, se produjeron acciones como las mencionadas ejecuciones de dos individuos en San Ignacio de Velasco, acto que demuestra que la ciudadanía vive momentos de inseguridad, pese a la aplicación de reformas internas en medios policiales que, si bien dieron alguna efectividad, solo fue parcial y momentánea.