Los colegios de biólogos de La Paz (Cblpz) y Cochabamba (CBC) determinaron iniciar un juicio contra los mineros ilegales asentados en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (Pnanmi) por amedrentar a la población, respecto al caso de los guardaparques demandados por tratar de impedir el ingreso de maquinaria al área protegida.
Las instituciones de los profesionales de Biología manifestaron su posición en contra de las cooperativas mineras auríferas ilegales del norte del país y exhortaron a las autoridades preocuparse por garantizar el derecho a la seguridad y a la vida de los guardaparques que trabajan en las áreas protegidas.
“Es imperativo defender las áreas protegidas de Bolivia y las tierras comunitarias de nuestros pueblos indígenas como el último relicto de nuestro patrimonio natural y cultural, antes de su total destrucción, para beneficio de unos pocos”, se lee en las últimas líneas del documento.
El pronunciamiento de los colegios de biólogos de La Paz y Cochabamba también exige justicia para los guardaparques procesados, Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano, exhortando al Gobierno encontrar salidas políticas y administrativas que permitan garantizar sus derechos humanos y laborales, como la seguridad, la vida y la libertad de expresión.
Al respecto, el documento declara que “la defensa de los guardaparques del Madidi implica, a su vez, la defensa de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos, biológicos y culturales que allí se desarrollan”.
JUEZA DE APOLO
La actual jueza de Apolo, Jhaneth Espinoza Colque, quien lleva adelante la denuncia por difamación y calumnia del cooperativista minero, Ramiro Cuevas, en contra de los dos guardaparques, habría trabajado en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM) y en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) entre 2017 y 2022, de acuerdo con información del diario El Deber.
La actual jueza figuró en la plantilla del personal de la cartera de Estado, como “profesional abogado de apoyo legal – DGAJ” del MMyM, en 2017.
Asimismo, el mismo nombre de la magistrada aparece en las planillas de personal del año 2022 de la AJAM, hasta poco antes de jurar como juez, en noviembre de 2023.
INSTITUCIONES
Otros agentes de conservación hicieron conocer su postura, pues afirman que enjuiciar a dos guardaparques por haber cumplido con sus funciones, afecta también a todos los demás agentes ante el peligro de que cualquier otro de ellos pueda ser enjuiciado, de acuerdo con información de Erbol.
Anteriormente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se desvinculó del proceso que enfrentan Santa Cruz y Uzquiano, negándose a brindarles representación institucional, alegando que el proceso era un “asunto privado” por el hecho de que el minero denunció a los dos funcionarios personalmente.
Al respecto, el comunicado de los biólogos paceños y cochabambinos comentó que la fiscalización, regulación y control de tales aspectos es competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Administradora Boliviana de Tierras (ABT) y el propio Sernap.
PERSECUCIÓN MINERA
Ramiro Cuevas Echave inició un proceso por difamación y calumnia contra los guardaparques, luego de que uno de ellos, Raúl Santa Cruz, no le permitiera ingresar ilegalmente con su maquinaria al Madidi, en mero cumplimiento de sus funciones. Cuevas habría pretendido ingresar sin licencia ambiental ni autorización de una instancia pertinente.
Santa Cruz, al pedir a Cuevas que presente autorización para introducir su maquinaria al área protegida, habría recibido palabras groseras y agresivas e incluso amenazas. No pudo detener el ingreso ilegal del minero.
Por su parte, Uzquiano denunció estas actitudes en sus redes sociales, y posteriormente fue implicado en el proceso. Mientras el proceso avanzaba “a la velocidad de la luz”, Uzquiano calificó los eventos como una “persecución minera”. Ahora, la audiencia final fue fijada por la jueza de Apolo, Jhaneth Espinoza, para el jueves 29 de febrero.
En una entrevista anterior, Cuevas admitió que se dedica a la minería “a pequeña escala”, llegando a declarar que no es necesario ser minero para ser dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).