A tiempo de recordar que, durante el gobierno transitorio, el Movimiento al Socialismo (MAS), desde el Parlamento, obstaculizó la liberación de créditos internacionales para atender la emergencia provocada por la pandemia, la expresidenta, Jeanine Añez Chávez, cuestionó que la actual administración insista en aprobar préstamos que posteriormente se destinen a sostener empresas estales deficitarias.
La exmandataria, desde sus redes sociales, observó la desesperación de las autoridades de Gobierno para viabilizar créditos, situación que en las últimas semanas ha provocado gran controversia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el ala “arcista” en el oficialismo recurre a diferentes mecanismos y acercamientos para posibilitar el ingreso de estos recursos, recibiendo el rechazo y condicionamientos, por parte de la oposición y el “evismo” en el partido azul.
En criterio de Añez, los recursos en cuestión pretenden ser destinados al sustento de empresas estatales, por lo que cuestionó al Gobierno de Luis Arce por insistir en mantener un modelo de Estado que constantemente da muestras de haber llegado a un punto definitivo de agotamiento.
“Lloran por créditos para despilfarrar en un Estado agotado por empresas públicas deficitarias e improductivas”, expresó la exmandataria.
En ese contexto, recordó que durante su gestión, una Asamblea Legislativa controlada por el Movimiento al Socialismo, se encargó de bloquear toda posibilidad para que el país acceda a créditos que, en ese entonces, estaban destinados a atender las necesidades de la población, derivadas de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Reprochó, además, que haya sido el propio gobierno de Arce, el que luego de llegar al poder, devolviera recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), gestionados en 2020 para atender la crisis por la pandemia.
“Son los mismos que frente al daño del covid en 2020, se negaron a liberar créditos para salvar vidas en la pandemia y devolvieron los recursos que consiguió mi gobierno”, recordó Añez.
En septiembre de 2020, un mes antes de las elecciones generales que llevaron a Arce al poder, la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, sostenía que las bancadas del MAS, en Diputados y Senadores, no aprobarían ningún crédito internacional bajo el argumento de evitar que el gobierno transitorio tenga “carta blanca” para protagonizar más casos de corrupción.
Asimismo, denunció que el gobierno de Añez pagó intereses de 1.6 millones de dólares al FMI por un crédito, sin que este haya sido aprobado ni sancionado por la ALP, y sin que se conozca el destino de estos recursos.
Ese año, tras oficializarse la declinación de Añez para participar, como candidata en las elecciones generales de octubre, autoridades del gobierno transitorio exhortaron al Legislativo a dejar posiciones políticas y aprobar los créditos externos paralizados en esa instancia, destinados para la lucha contra el coronavirus y la reactivación de la economía.
En febrero de 2021, el gobierno del MAS con Luis Arce en el poder, determinó devolver al Fondo Monetario Internacional, un crédito de 346 millones de dólares alegando que se trata de una operación “onerosa y desventajosa”.
“El crédito contraído con el FMI representa un costo al Estado boliviano, en solo nueve meses, de 24,3 millones de dólares, de los cuales 19,6 millones fueron por variación cambiaria y 4,7 millones por intereses y comisiones”, sostuvo el entonces presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, quien además anunció el inicio de procesos civiles, administrativos y penales contra los que viabilizaron esa operación.
Analistas económicos aseguraron que la medida respondió a una decisión política antes que una determinación por cuestiones económicas, ya que estos recursos formaban parte de una repartición a todos los países miembros del FMI, en función a su cuota de pertenencia y aporte.
Finalmente, ese año, el BCB efectuó el pago total de 351,4 millones de dólares, de los que 346,7 correspondían al capital (19,6 millones de dólares por variación cambiaria) y 4,7 por intereses y comisiones.
