Luego de interponerse una acción de libertad contra las autoridades de la Cámara de Diputados por no garantizar la seguridad de los parlamentarios en la violenta sesión del pasado jueves, la Justicia concedió que tal responsabilidad corresponde al jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó ayer el responsable de la acción, Fernando Hamdan.
Para el ciudadano Hamdan, la acción de libertad que presentó por los hechos violentos y ausentes de seguridad y garantías para los parlamentarios el 22 de febrero, “ha dado un resultado positivo”, porque “le asigna responsabilidad directa al Jefe de Seguridad del Palacio Legislativo” de garantizar la protección, seguridad y vida de los funcionarios de Estado.
Aunque no se determinan responsabilidades al presidente y vicepresidente de la Cámara Baja, ni al ministro de Gobierno y comandantes departamentales de la Policía, el ciudadano calificó el hecho como “una victoria para el pueblo boliviano y para la Democracia”.
CONTEXTO
Luis Fernando Hamdan interpuso el lunes una acción de libertad en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y las demás autoridades mencionadas, por no garantizar la seguridad de los diputados en la acalorada sesión del pasado jueves 22 de febrero, que resultó en agresiones verbales físicas e incluso secuestro en instancias del Parlamento.
Hamdan señaló que no era admisible que “se ponga en riesgo y restrinjan libertades de los ciudadanos parlamentarios” por un acto de “negligencia deliberada”.
Por otra parte, varios legisladores de la oposición, denunciaron haber sido “secuestrados” por organizaciones sociales afines al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, quienes bloquearon la salida del hemiciclo e impidieron su salida exigiendo la aprobación de las leyes de créditos.
SEGURIDAD
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) goza del resguardo policial, aunque los efectivos del verde olivo no actuaron durante las agresiones y discusiones que ocurrieron en la pasada sesión de Diputados.
Durante la escandalosa sesión de la semana pasada, los supuestos dirigentes de las organizaciones sociales ingresaron a un balcón del hemiciclo de la Cámara Baja para presionar la aprobación de proyectos de ley a favor de los créditos.
Posteriormente, ante la omisión de la presidenta interina, Verónica Challco, de tratar las leyes de cesación de magistrados prorrogados en el orden del día, diputados oficialistas y de oposición se agarraron a empujones, agarrones e incluso agresiones físicas, cuando varios parlamentarios de oposición se subieron a la testera a reclamar tal situación.