Ante versiones sobre una presunta detención de Luis Fernando López, ex ministro de Defensa, durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, la Interpol de Paraguay desmintió tal información, aunque hubo contradicciones de las autoridades nacionales al respecto.
El informe al que tuvo acceso Asuntos Centrales destaca que el Departamento de Interpol «no procedió a la detención de esta persona, quien posee el estatus de refugiado en el país» y que no existe una orden de detención emitida por la Autoridad Judicial en su contra.
El informe textual sostiene: Con relación a publicaciones periodísticas de medios bolivianos de la supuesta detención del ciudadano boliviano Luis Fernando López Julio. Cabe aclarar que personal de este Departamento no procedió a la detención de esta persona, quien posee el estatus de refugiado, en el país y no pesa sobre el mismo orden de detención emanada de Autoridad Judicial a la fecha. Además, se menciona que sobre el mismo pesaba Orden de Captura con fines de Extradición, que fuera levantada por Oficio Nro. 71 de fecha 22/02/2024 firmado por el Juez Penal de Garantías Nro 9, Abog. Rolando Duarte.
La tarde del miércoles, según publicación de El Deber, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, informó ante medios en la capital cruceña acerca de la detención de López Julio y que su extradición a Bolivia estaría en marcha, esto con base en un reporte remitido desde Paraguay por Interpol fechado 23 de febrero.
Horas más tarde, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que el ex titular de Defensa, Luis Fernando López Julio, haya sido detenido por autoridades del Paraguay, país donde hace semanas buscaba acceder a un refugio político.
«Sobre la supuesta aprehensión del señor Fernando López y ante las múltiples versiones que están circulando en medios de prensa, después de hacer las consultas correspondientes con autoridades en #Paraguay, desmentimos que se encuentra aprehendido. Toda información será publicada oportunamente. (sic)», publicó en su cuenta en X.
La exautoridad que salió del país en noviembre de 2020, enfrenta procesos penales en Bolivia como por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otro por el denominado caso Golpe de Estado I, además por genocidio, junto a otras exautoridades, por las muertes de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.