En su informe semestral, el procurador general del Estado, César Siles, reveló ayer que no se cuenta con dólares para pagar a algunos abogados por laudos arbitrales del Gobierno, por lo que buscan acudir a todos los “recursos legales” posibles para reducir el monto o cambiar la situación jurídica.
“Es muy poco probable que podamos pagar algo este año en cuanto a arbitrajes se refiere, por eso estamos acudiendo a todos los recursos legales (…) para poder reducir el monto o cambiar la situación jurídica”, expresó.
El procurador se refirió a los únicos dos arbitrajes en los que se tiene un monto definido con laudo, los cuales serían el caso Glencore Financie y en el caso AFP Previsión.
Pese a esto, Siles afirmó que los pagos “van a salir”, además la nueva gestión de la PGE cumple compromisos de mayor intervención en los procesos jurídicos que enfrenta el Estado boliviano, en comparación a gestiones pasadas.
“Estoy en constante reunión con el ministro de Economía, tengo que asegurar los recursos. Tenemos una cartera importante de pagos pendientes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abogados que se han contratado, pero por el tema de flujo de dólares no estamos pudiendo pagar”, admitió.
CASO BLAS VALENCIA
Siles reveló que el Estado pagó, en febrero, la suma de un millón de dólares a la organización del exconvicto Blas Valencia, debido a que la CIDH falló a su favor, considerando que hubo vulneraciones de derechos humanos.
Sin embargo, agregó que el dinero erogado por el Estado boliviano “debe ser recuperado” de los responsables, sin importar quiénes sean, mencionando que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trate el proyecto de ley de repetición que la PGE ha presentado.
Esta ley plantea que todas las sentencias de indemnizaciones ejecutadas al Estado boliviano, en favor de particulares, deben ser “recuperadas” de los responsables, “sin importar quiénes sean”.
HOTEL LAS AMÉRICAS
Siles reveló que no se logró llegar a un acuerdo en la demanda que enfrenta contra la familia del irlandés Michael Dwyer, asesinado en 2009 en el caso Hotel Las Américas.
Según declaró, el Estado no pagó los dos millones de dólares que la familia exige como acuerdo, por considerar que “eso es muchísima plata para el Estado boliviano”.
En ese sentido, el procurador no aclaró si el pago será cumplido a futuro, pese a que tal acción fue recomendada por la corte interamericana en su informe sobre el caso.
La CIDH considera que Dwyer murió de manera “arbitraria” con seis disparos “extremos y fatales” en completa indefensión, ante la declaración de otros testigos y el recuento de los hechos, en los que el Estado considera que hubo “fuego cruzado”.