El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Aldo Terrazas, presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, informó que tras el informe oral brindado por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, se aclaró que las gobernaciones y municipios tienen hasta el mes de mayo para solucionar conflictos limítrofes y cuestionó que desde el Viceministerio de Autonomías, se intente politizar el Censo a través del debate por límites.
Terrazas informó que las disposiciones del INE, señalan que cada gobernación o municipio que atraviese por disputas relacionadas con la definición de límites, deberá ser solucionada en los plazos previamente señalados, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías, para que todo acuerdo sea considerado al momento de asignar datos obtenidos por la medición censal.
“Esta información debe ser remitida al INE para la correcta distribución de los datos que se obtengan en el Censo Nacional de Población y Vivienda”, expresó.
En este sentido, reprochó que autoridades de Gobierno insistan en sostener una posición política antes que priorizar la resolución de controversias mediante el diálogo.
Señalando que los datos del Censo son muy importantes para conocer ingresos y obligaciones que tendrán los departamentos y municipios, según la cantidad de población que contabilicen, Terrazas advirtió que existe una gran susceptibilidad por parte sus entidades gubernamentales, a esto se suma la aparición de conflictos limítrofes por la cartografía y declaraciones que solo entorpecen el proceso y generan desconfianza en la población.
“La realidad es que el Viceministerio de Autonomías no ha hecho su trabajo y politiza estos conflictos en vez de dar solución limítrofe a los diferentes lugares, por lo que se convocará a su titular para que aclare en la comisión por qué no se realizó el trabajo correspondiente para definir oportunamente los límites”, indicó.
Al respecto, el diputado paceño Alejandro Reyes, cuestionó que los conflictos por límites aparezcan a escasos días para la realización del Censo, por lo que advirtió posibles planes para alterar el porcentaje de habitantes en determinadas regiones, todo con fines políticos.
“Nos parece sospechosa esta nueva estrategia que tiene el Gobierno, justamente para restar habitantes a los departamentos y a los municipios donde se está retando territorio”, dijo.
Alertó que ante la imposibilidad de manipular u ocultar datos relacionados a la población, ahora se pretende modificar límites territoriales, hecho que genera más dudas que certezas en la ciudadanía.
“Están generando conflictos, pérdida de territorio y dividiendo a las poblaciones para evitar una correcta redistribución de recursos y escaños”, lamentó Reyes, instando a autoridades de Gobierno a reflexionar y recapacitar en sus acciones.
Esta semana, refiriéndose a la disputa limítrofe entre los departamentos de Beni y Santa Cruz por la localidad de Piso Firme, la diputada María René Álvarez, afirmó que la región de la Chiquitanía y la Amazonía en su conjunto, son las áreas con mayor riqueza, diversidad natural y ecosistema en Bolivia, por lo que se constituyen en una zona atractiva para avasalladores y actividades ilícitas como el narcotráfico, sin que autoridades de “un gobierno centralista” apliquen políticas para su protección.
Cuestionando que se pretenda generar un conflicto entre dos departamentos hermanos, Álvarez señaló que este tipo de ataques al pueblo chiquitano son como una punta de lanza que busca debilitar la resistencia de estos pueblos a un modelo centralista, autoritario y dictatorial.
“Buscan generar un espacio de pugna territorial, prueba de aquello son las declaraciones públicas de funcionarios del Ejecutivo y el silencio cómplice de otros personeros de alto rango”, puntualizó.
Tras la denuncia de parlamentarios y del propio presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, sobre la pérdida de casi un millón de hectáreas del territorio cruceño, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que de acuerdo a una actualización cartográfica y normativas vigentes, la comunidad de Piso Firme pertenece al departamento del Beni.
“Hay una ley que está vigente desde hace más de 100 años y ahora, con una actualización cartográfica, se tiene una mayor precisión, por lo que se ha identificado que esas poblaciones se encuentran en el departamento beniano, porque así lo establece una Ley de 1914”, señaló la autoridad en declaraciones a Unitel.
Las declaraciones de Ruiz desataron la indignación de asambleístas de oposición que, a su vez, denunciaron este mismo tipo de controversias entre municipios ubicados en los departamentos de La Paz, Pando, Oruro y Potosí.
En su calidad de presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Terrazas puntualizó que según se informó en la Petición de Informe Oral al titular del INE, los problemas limítrofes no son competencia de esta instancia, ya que el Censo sólo es de población y vivienda.
A través de disputas por límites
Señalan que Gobierno politiza el Censo y enfrenta a departamentos
> Reprochan que autoridades de Gobierno insistan en sostener una posición política, antes que priorizar la resolución de controversias limítrofes mediante el diálogo. > Gobiernos Departamentales y Municipales con conflictos de límites deben recurrir al Viceministerio de Autonomías para encontrar una solución hasta el 15 de mayo. > Advierten que ante la imposibilidad de manipular u ocultar datos relacionados a la población, ahora se pretende modificar límites territoriales, generando más dudas que certezas en la ciudadanía.
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