Una empresa pública de Rusia pretende iniciar una demanda a Bolivia por la supuesta suspensión del suministro de vacunas rusas, por lo que el Estado busca evitar que el caso llegue a un arbitraje, señaló el procurador general, César Siles.
Durante el Informe Semestral de la Procuraduría General del Estado (PGE), el titular de esta institución, César Siles, mencionó que el caso, en el cual está implicada la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico (Aisem), está en controversia pero aún no llegó a arbitraje.
“Nos están pretendiendo demandar por la compra de suministro de vacunas rusas, contrato firmado entre nuestra empresa boliviana Aisem con la empresa rusa pública que proveía las vacunas”, señaló el procurador.
Asimismo, agregó que la empresa pide que se le otorgue una autorización para que las vacunas lleguen a Bolivia y sean pagadas, cuyos montos son “altos en contratos”.
“La Procuraduría interviene con el Ministerio de Salud y con la Aisem y les decimos que ya no necesitamos ese lote de vacunas, necesitábamos hace dos años o tres años atrás. En este momento ya no necesitamos, tenemos los lotes suficientes para satisfacer las necesidades de la población boliviana”, señaló.
“No hay arbitraje pero ya hay la controversia (…). No hay arbitraje todavía pero estamos interviniendo como defensa preventiva”, expresó, a tiempo de remarcar que “antes no se intervenía”, en este tipo de casos, desde la PGE.
Según expresó Siles, el caso en referencia se encuentra en proceso de acuerdo a objeto de rechazar el envío de nuevos lotes de vacunas, aunque no descartó que pueda haber futuras relaciones comerciales entre el Estado y la empresa rusa.
DEMANDAS AL ESTADO
Durante su conferencia de prensa, Siles dio a conocer las tareas y avances realizados hasta ahora en relación a la defensa legal del Estado. Habló también sobre el caso Hotel Las Américas, en el que no se logró llegar a un acuerdo con la familia denunciante, quienes demandan al Estado el pago de un resarcimiento de dos millones de dólares por la ejecución de Michael Dwyer y otras dos personas.
Respecto al caso de Blas Valencia, exconvicto conocido por perpetrar un atraco a una furgoneta de Prosegur la cual ocasionó dos policías y un civil muertos, reveló que le fue pagada a sus allegados una suma millonaria por vulneración de derechos humanos durante su reclusión, de acuerdo a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, también se refirió a la existencia de otro caso con una empresa mexicana-española que demandó al Ministerio de Salud boliviano. El funcionario informó que la PGE ya asumió la defensa en este caso y presentó un arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio de México.
BOLIVIANIZACIÓN Y DEFENSA PREVENTIVA
Cabe mencionar que el informe semestral de la PGE abordó también las nuevas ideas y planteamientos que propone este organismo estatal para con el Estado.
Al respecto, el procurador mencionó dos nuevas ideas que se implementan en la presente gestión: la “bolivianización” y la “defensa preventiva” como acciones para fortalecer la intervención de la PGE en la defensa de intereses del Estado.
Con “bolivianización de la defensa”, se refirió a que se proyecta apostar por la capacitación y formación de abogados de la institución para que puedan enfrentar demandas del Estado, en vez de contratar bufetes extranjeros que suponen un gasto elevado al país. Siles manifestó que, en anteriores gestiones, “estaba privatizada la defensa del Estado”.
También pronosticó que, en este año solo piensan invertir 20 millones de dólares en la contratación de defensa legal, señalando que anteriormente hubo un ahorro de 45 millones en contratación y litigios.
“El costo directo de defensa en sueldos de abogados de la PGE era de 88 millones, ahora es de 42 millones”, precisó.
Por otra parte, mencionó que se plantea una “defensa preventiva” consistente en “litigar estratégicamente”, “llegar a acuerdos” y “tomar decisiones que no necesariamente impliquen un litigio” para que la PGE participe más activamente en procesos y querellas en contra del Estado.
Con esto, el procurador apunta a que haya acciones de defensa “antes de que surja la controversia”, para mostrar que hay un cambio respecto a funcionarios anteriores que “se limitaban a decir que no le corresponde intervenir” si no había litigio.