La audiencia del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue suspendida ayer por la ausencia del acusado en el caso “decretazo” luego de que Régimen Penitenciario asegurara que no se pudo materializar su traslado, por lo que una nueva audiencia fue fijada para el 11 de abril a las 08:15 horas en la que deberá estar presente.
Al respecto, el exsenador y presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, recordó que en Bolivia existe la presunción de inocencia y expresó su rechazo a este hecho: “me parece un absoluto abuso al derecho a la defensa que tenemos todos los bolivianos”.
Asimismo, condenó que los jueces hayan dejado claro que “hay actores en este juicio que no tienen representación alguna”, haciendo referencia a la Procuraduría General del Estado (PGE), la cual habría presentado un recurso en contra del traslado de Camacho.
A su vez, los familiares y la defensa legal de Camacho denunciaron injerencia por parte del Gobierno para impedir que la autoridad electa llegue a Santa Cruz. Su bancada advierte que el Gobierno confirma que se vive en una “dictadura”.
“(El presidente de Estado) Luis Arce ha confirmado que estamos viviendo en una dictadura y que el gobernador está secuestrado”, pronunció la alianza Creemos en un comunicado publicado en las redes sociales de Camacho.
“La dictadura se niega a traer al gobernador porque tiene miedo de que el líder de los cruceños se reencuentre con su pueblo, justo en momentos en que el gobierno de Luis Arce está ahogado en la crisis y la corrupción”, se lee en la cuenta de X (Twitter) del gobernador.
Ayer, en horas de la mañana, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, había revelado que “no existen las condiciones” para el traslado del gobernador cruceño.
En una escueta conferencia de prensa, Limpias reveló que, luego de analizar la respuesta del director del penal de Palmasola, se había cancelado el traslado de Luis Fernando Camacho hacia la ciudad de Santa Cruz para su presencia en la audiencia suspendida ayer por el mismo motivo.
También dijo que el gobernador había sido declarado “persona no grata” dentro del recinto penitenciario y que su presencia podría implicar un “malestar” en los reclusos de Palmasola.
Por otro lado, la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, se había sumado a las afirmaciones del Gobierno al afirmar que el proceso no puede iniciar por haber incurrido en deficiencias procesales.