Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia del malogrado teniente en retiro del ejército venezolano, Ronald Ojeda, presentó ayer todos los antecedentes que disponen de su asesinato ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, con el fin de llevar hasta las últimas instancias las indagaciones por su secuestro y posterior homicidio.
Dicha información fue a engrosar el expediente “Venezuela I” que el tribunal internacional abrió por los eventuales crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro desde, al menos, las protestas de 2017 en ese país. La figura que usará ante la Corte, explicó Manríquez, es la de persecución a disidentes y eventual desaparición forzada.
Recordemos que Ojeda, quien escapó en 2017 de la prisión de Ramo Verde de Venezuela junto a otros militares disidentes, fue incluido en enero recién pasado en una lista de 33 acusados de “traición a la patria”. Al mes siguiente, el 21 de febrero, fue secuestrado por falsos policías desde su departamento en Santiago de Chile y nueve días después, su cadáver fue encontrado dentro de una maleta enterrada bajo una losa de un metro y medio de cemento, en una “toma” ilegal de Maipú.
LA PRESENTACIÓN
Manríquez explicó que desde 2018 está abierta en la Corte Penal Internacional una investigación preliminar que se denomina Venezuela I, “que recogió una gran cantidad de antecedentes de quiénes tuvieron que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados”.
Debido a las características del caso, “en la línea que dice relación con la desaparición forzada de personas o bien, en este caso, actos de homicidio y desaparición, si es que este fuera tal; por sus características, el caso del señor Ojeda puede sumarse a esa línea de investigación, y ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico”, señaló.
En cuanto a las expectativas de la causa, la sala de cuestión preliminar autorizó a la Fiscalía el pasado 1 de marzo a reasumir la investigación en Venezuela I, atendido a que no se habían entregado a ésta datos suficientes (por parte del régimen de Maduro) para convencerse de una investigación seria y efectiva.
Recordemos que, “la Corte Penal Internacional no persigue la responsabilidad de estados ni gobiernos, sino de personas en delitos internacionales, que son las grandes atrocidades. Esto es, los delitos más graves contra los derechos humanos y la humanidad”, ratificó, aludiendo directamente a Nicolás Maduro. (Infobae)
Ante la Corte Penal Internacional
Familia de Ronald Ojeda acusa al régimen de Maduro de asesinato
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