Tacanas paralizan programa de palma africana en su territorio

Debido a la falta de información y denuncias de abuso que se identificaron en la implementación del programa para la siembra de palma aceitera, que está a cargo del Instituto Nacional de Innovación y Agropecuaria Forestal (Iniaf), los corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta) emitieron un voto resolutivo que rechaza el programa en su territorio y determinaron paralizar el proyecto en todas sus comunidades indígenas.
“El Primer Consejo de Corregidores de la gestión 2024, ante las denuncias de problemas y conflictos con los técnicos del Programa de Palma Aceitera Africana que están generando en nuestras comunidades tacanas, rechaza el programa de la Palma Aceitera Africana y su paralización en todas las comunidades de nuestro territorio”, señala la parte resolutiva del documento que fue suscrito en la comunidad Nueva Esperanza.
La palma africana, también conocida como palma aceitera (elaeis guineensis), es una planta cuya siembra es promovida en la Amazonia por el gobierno de Luis Arce, con el objetivo de producir biocombustibles.
Las áreas identificadas para su producción en el norte de La Paz, son los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, que son habitadas por las comunidades tacanas.
“Se ha tomado esta decisión porque los funcionarios del que mayormente están ingresando a las comunidades sin haber coordinado con nuestra organización Cipta. En el Consejo se ha denunciado que los funcionarios entran y quieren hacer firmar convenios que comprometen a las comunidades, sin tener conocimiento ni detalles del proyecto. Tampoco quieren informar sobre cuáles son los impactos que generará el proyecto”, manifestó el secretario de Recursos Naturales y Turismo del Cipta, Miguel Ángel Chipunavi.
Pese a que el proyecto de la palma africana está en marcha desde 2022, los indígenas desconocen detalles como los costos operativos y la cantidad de áreas de cultivo que se requieren para obtener ganancias, entre otros detalles.
En el Consejo de Corregidores, se hizo referencia a que, en las comunidades donde ingresaron los funcionarios del Iniaf prometieron la generación de trabajo y de ingresos, principalmente para las mujeres. Una de las labores más promocionadas fue la de embolsar tierra para los plantines de palma, trabajo por el cual se les paga a las mujeres indígenas 10 centavos por unidad.
“Las señoras han trabajado duramente al día, y por eso, se les pagaba de 30 a 50 bolivianos porque es un trabajo duro. El escarbar la tierra con manos, sacar los abonos, hacer el llenado de las bolsas, alinear los plantines es un trabajo, si vale el término, casi como de esclavo que han estado haciendo. Se supone que las empresas entran para generar economía, para ayudar a las comunidades, no para abusar de ellas, ni mucho menos generar problemas en su territorio, entonces por todos esos aspectos y otros más se aprobó la resolución”, destacó el corregidor de San Miguel, Noe Macuapa.
Chipunavi agregó que, en reiteradas oportunidades se invitó al director del Iniaf para que informe en detalle acerca del proyecto, pero hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta. “Llama la atención que no quieran informar, pese a que es nuestro derecho. Por ese motivo se ha paralizado, por el tema de los impactos que va a tener el proyecto con la deforestación. Nosotros, como TCO, estamos caracterizados como conservacionistas y no se puede permitir desmontar en grandes escalas”, agregó Chipunavi.
El Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas (D.S. 4764) fue inaugurado el 2022, con una inversión de $us 57 millones y contempla la producción de materia prima en los municipios del corredor, impulsando la reproducción de plantines de palma africana de aceite. El Iniaf apoyó la construcción de viveros en diferentes comunidades interculturales e indígenas, principalmente en 7 de Diciembre, Esmeralda, San Isidro, Santa Ana, 25 de Diciembre, Altamarani y Bella Altura.
En diciembre de 2023, la Fundación Tierra sugirió cancelar este programa debido a que es una de las razones para la existencia de desmontes, quemas descontroladas e incendios forestales en la región. Asimismo, solicitó al Estado que demuestre la existencia de una adecuada capacidad de uso del suelo para este tipo de cultivos y el mínimo impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente. (Con datos de la Fundación Tierra)