Informe de CIDH observa polarización y profunda desconfianza en la Justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación de los derechos en Bolivia, en el que advierte una polarización acrecentada por las narrativas de los conflictos de 2019 y sugiere una urgente reforma en la Justicia tras constatar la profunda desconfianza de la población hacia el sistema judicial.
El informe titulado “Cohesión social, el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” alerta que “la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 continúa representando amenazas serias a la cohesión del tejido social”.
El informe advierte la divergencia de narrativas instauradas respecto a lo ocurrido en noviembre de 2019, sobre si hubo un fraude electoral o un golpe de Estado, es el reflejo más claro de polarización política en el país, el cual “ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores de la población”.
No obstante, la Comisión observa que esto puede revertirse y recomienda implementar mesas de diálogo periódicas entre varios sectores de la sociedad en las que se puedan promover “visiones conjuntas”, a fin de evitar mayor polarización, prevenir la violencia y la discriminación.
Además, señala que la conflictividad social está agravada por ausencia de canales de diálogo y la “desconfianza de la población en las instituciones públicas, especialmente en el sistema de justicia”.
Respecto a la justicia, el informe advierte que toda la diversidad de la población boliviana desconfía profundamente del Órgano Judicial y que el sistema penal es percibido como “una herramienta al servicio de intereses políticos” del Gobierno de turno.
No obstante, considera que existe un primer consenso en contrarrestar esta falencia entre las diversas fuerzas políticas, por lo que pide aprovechar el momento e impulsar reformas judiciales.
Asimismo, la Comisión observó la existencia de pueblos indígenas que continúan exigiendo atención por parte del Estado, exhortando a que sus pedidos sean escuchados y articulados en políticas públicas.
En contraparte, la Comisión menciona que hubo “avances significativos” en cuanto al reconocimiento a la libre determinación de pueblos indígenas, protección y garantía de los derechos de la mujer, disminución de la pobreza, reducción de algunas desigualdades y el compromiso estatal contra la discriminación.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que asumirá las recomendaciones del informe de la CIDH como una agenda. “No todo está bien. Hay temas en los que debemos trabajar y ese es el desafío que tenemos”, sostuvo.