Un informe que revela problemas conocidos

De acuerdo con el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, los bolivianos no confían en la administración de justicia porque sirve al Gobierno de turno. Tampoco se garantiza para las mujeres una sociedad exenta de violencia ni se protege de manera eficaz a los pueblos indígenas. Se hace notar una debilidad institucional, por una división política que “agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país”. Dicho texto hace ver algunos avances en materia de despatriarcalización y descolonización.
Por ello, la CIDH recomienda una pronta reforma integral del sistema judicial, con amplia participación ciudadana, así como la asignación de presupuesto al Órgano Judicial para atender necesidades de equipamiento, infraestructura y personal. También sugiere reducir el hacinamiento carcelario, comprobar el cumplimiento de las condenas y agilizar las órdenes de libertad, además de “investigar, juzgar, sancionar y reparar, con la debida diligencia, en casos de graves violaciones a los derechos humanos”. Se debería velar por los derechos de personas de diverso género y que el Estado tome en cuenta los daños ambientales por actividades extractivas, así como garantizar “el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros”.
Son problemas conocidos ampliamente, pero que no han merecido atención adecuada por parte del Gobierno. En el caso de la justicia, a pesar de que dos veces ya el sistema de elección de magistrados por voto popular ha fracasado, se continúa con el mismo procedimiento. Y es que mientras no se garantice que los postulantes sean verdaderamente meritorios y no solo partidarios del MAS, la desconfianza general persistirá. Precisamente por falta de ética de algunos jueces, en varios casos acusados de violencia contra la mujer han sido liberados y luego han asesinado a sus parejas. En cuanto a los pueblos indígenas, frecuentemente son acosados por grupos de avasalladores que tratan de desalojarlos, hasta de áreas protegidas, para saquear recursos naturales, sin que sean aplicadas con rigor y rapidez las leyes que se supone los protegen.
En cuanto a la debilidad institucional, desde el año 2006, cuando el MAS llegó al poder, ha deteriorado la calidad de las instituciones al colocar en ellas a sus partidarios, sin que se exija a todos preparación académica o técnica. Como es obvio, el nepotismo el favoritismo político, la corrupción y otros males se han expandido en muchos niveles del Estado. Al respecto cabe mencionar el odioso requisito de contar con el “carnet azul” para optar a un cargo público, lo que implica discriminación a quienes tienen como carta de presentación solo su preparación universitaria, técnica y no sus “actividades sindicales”.
Mucho es lo que se hizo mal en el país y que al final ha provocado una profunda división entre quienes viven cómodamente con recursos del Estado y quienes luchan para sobrevivir en medio de problemas, agravados frecuentemente por bloqueos de caminos, marchas de protesta y otras medidas de presión de un régimen populista que se niega a reconocer la realidad nacional.