La misión de investigación de la ONU sobre Venezuela advirtió la reactivación de la represión en los últimos meses, marcados por un incremento de la detención de personas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro y la restricción de los derechos civiles y políticos.
La responsable de esta misión, Marta Valiñas, comparecieron ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para alertar que desde el mes de septiembre, en Venezuela se implementó la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades, con el objetivo de silenciar las voces disidentes e inducir un clima de temor e intimidación.
En este sentido, denunció una nueva ola de detenciones, en gran medida vinculadas a conspiraciones reales o ficticias con las que, según los expertos, las autoridades buscan amedrentar, detener y procesar a personas contrarias al Gobierno. Entre los casos examinados por el grupo figura el de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que también llevó aparejado acciones de intimidación sobre su familia.
Vilañas aseguró que las fuerzas de seguridad siguen perpetrando graves violaciones de los Derechos Humano, hasta el punto de que la Guardia Nacional Bolivariana habría incurrido en crímenes internacionales. La Fiscalía, por su parte, sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de las voces críticas.
Todas estas medidas llevaron a que el espacio cívico y democrático sea cada vez más frágil, en opinión de los investigadores, que expusieron el caso de María Corina Machado, triunfadora de las primarias opositoras para las próximas elecciones venezolanas pero inhabilitada por los organismos chavistas.
«Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», lamentó Vilañas en su exposición ante el Consejo.
La misión, que lamenta «profundamente» la decisión del Gobierno venezolano de expulsar a la misión técnica de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, recriminó también al Ejecutivo de Maduro su falta de colaboración, incidiendo en que los investigadores solicitaron repetidamente información y permisos para entrar en Venezuela sin obtener respuesta. (Europa Press)