La Veeduría Ciudadana que observa la selección de candidatos para las elecciones judiciales emitió su primer informe preliminar, en el que recomienda medidas para garantizar la transparencia y publicidad; la igualdad y la equidad sin perjuicio de avanzar en el proceso de selección; y la observancia de la norma y garantía de idoneidad.
Las recomendaciones fueron emitidas luego de detectar deficiencias relacionadas con el poco acceso o acceso tardío a la información, los requisitos para la acreditación de veedores, la poca presencia de mujeres entre los postulantes y la falta de organización en el trabajo de las comisiones.
La Asamblea Legislativa se encuentra seleccionando candidatos para las elecciones judiciales, donde se elegirá por voto popular a los integrantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
La Veeduría, que está integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil, basa su trabajo en tres criterios: transparencia y publicidad, equidad e igualdad, y observancia de la norma y garantía de idoneidad.
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD
En el primer punto, la Veeduría sugiere que “las autoridades responsables tomen medidas correctivas para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso de selección de candidatos”.
Llega a esta recomendación luego de señalar algunos inconvenientes detectados, como el retraso en la difusión de nómina de postulantes hasta el 12 de marzo, “lo que incumplió los requerimientos de publicación establecidos en la convocatoria”.
El informe también indica que las hojas de vida de las y los postulantes fueron compartidas al finalizar la etapa de verificación de requisitos, “lo que impidió contar con esa crucial información desde el inicio de la revisión”.
La Veeduría hace notar además que la lista de candidatos habilitados se difundió únicamente por redes sociales y no por medios de comunicación, como establece la convocatoria.
Y, una vez difundida la lista, se identificaron errores “evidenciado que postulantes que habían sido inhabilitados figuraban en la lista de habilitados y postulantes que estaban habilitados figuraban en la lista de inhabilitados”. Sin embargo, indica que la Comisión de Constitución admitió errores involuntarios que luego se corregirían.
Pero, la Veeduría también destaca aspectos positivos, como la creación de un grupo de WhatsApp entre los veedores acreditados, donde se compartió listas, horarios y otros datos; y los esfuerzos por abrir el proceso incluso a transmisiones en vivo.
Reitera, sin embargo, que la publicación tardía e incompleta de la lista de postulantes, hojas de vida y lista de habilitados “afectan a la publicidad del proceso”.
EQUIDAD E IGUALDAD
El reporte también observa que, para acreditarse como veeduría, se requiera contar con personería jurídica, lo que “puede resultar restrictivo y evitar que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos relacionados con la participación y control”.
Observa, asimismo, que, a diferencia de la Comisión de Constitución, la de Justicia Plural haya retrasado la entrega de credenciales a la Veeduría hasta el último día de la etapa de verificación de requisitos.
Respecto a la equidad de género, detectó una participación femenina de solo el 26%, “cifra que alerta respecto al cumplimiento del principio de equidad de género señalado en la Ley 1549”.
OBSERVANCIA DE LA NORMA
La Veeduría indica que, desde el inicio, “se observó una clara falta de organización del trabajo en las dos comisiones”.
Por eso, recomienda “mejorar el tratamiento y manejo de los sobres durante la verificación de requisitos para garantizar la pulcritud y evitar el riesgo de pérdida o confusión de la documentación de los postulantes”.
Hace notar que al principio se tomó bastante tiempo en la verificación de requisitos, pero que luego se tuvo que encarar ese proceso con premura, por lo que “es crucial establecer criterios claros, consensuados y uniformes con antelación”.
Incluso, el informe detalla que se representaron casos de postulantes con antecedentes penales sin sentencia ejecutoriada o en proceso de investigación, lo que abrió un debate sobre si eran o no causales de inhabilitación.
Frente a esta situación, recomienda “mejorar la organización del trabajo, establecer criterios de evaluación claros y consensuados, y asegurar que las decisiones se tomen de manera objetiva y transparente, respetando en todo momento la normativa vigente y los derechos de las y los postulantes”.
La Veeduría Ciudadana está a cargo de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y está integrada por 24 organizaciones de la sociedad civil y por carreras y facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades del sistema público y privado. (Brújula Digital)