Después de agrias discusiones políticas y técnicas, que devino un paro total por más de un mes en el departamento de Santa Cruz, el sábado 23 de marzo finalmente se ejecutó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Y creo que, bajo el liderazgo de aquel departamento, las disputas sobre la urgencia del registro poblacional no fueron inmotivadas, visto que no solo deben implementarse políticas públicas que respondan a la nueva realidad demográfica, social y a su actual distribución por departamentos, sino además que Santa Cruz no está recibiendo los recursos económicos que necesita ni está teniendo una representación parlamentaria proporcional a su población, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, temo que, más allá de las deficiencias logísticas y de otra índole que tuvo el censo con algunas preguntas que no tenían trascendencia técnica, pero muy probablemente sí relevancia para otros fines, las cifras que arroje en muchos rubros no harán justicia en la distribución de recursos, habida cuenta el traslado de personas no únicamente de las capitales de departamento a las provincias —que es una práctica antidemocrática que en tiempo de elecciones se lo hace para asegurar los votos cautivos—, sino al interior de los departamentos, pero ya bajo presión, sobre todo cívica y sin ningún estímulo, como se procede en los comicios generales, y más bien bajo pena de elevadas multas.
Sucede que todos —o casi todos— quisiéramos que nuestro lugar de nacimiento, o el municipio donde mucha gente tiene una propiedad, pero no su domicilio permanente, tenga una asignación importante de recursos que le permita a su gobierno local hacer también mejoras de igual notabilidad. Eso es legítimo, pero restarle esa misma posibilidad al lugar (generalmente, las capitales de departamento) donde una persona tiene su actividad principal y a ella le debe su subsistencia, es una inconsecuencia; más que eso, es una ingratitud con la circunscripción que a uno le da trabajo y cobijo.
Aquello influirá negativamente en el resultado fidedigno del censo. Las multas impuestas sin sustento legal en muchas poblaciones de provincia, redundarán en inexactos o insuficientes recursos para, principalmente, los municipios de capitales de departamento.
La no incorporación de respuestas como la identificación con el mestizaje, que en Bolivia es mayoría y ciertamente por razones políticas o su pertenencia a alguna fe religiosa, también por los mismos motivos hace que el país haya perdido una buena oportunidad para que se pueda contar estadísticamente con esos datos que hubieran permitido saber la conformación social, étnica y espiritual de la población, tal vez para estudios que no necesariamente sean políticos o no imperiosamente para la implementación de políticas públicas.
En contrapartida, dejar de alguna manera sin efecto la obligación de proporcionar el nombre completo de cada habitante, como —presionados por una susceptibilidad generalizada— se lo hizo, también fue un despropósito, porque esa categoría de respuestas posibilitará que conozcamos cuántos Carlitos, Juanitos o Carmencitas hay en el país, si es que alguien dijo la verdad. Pero aun con los dos apellidos, ¿contribuye eso a algo?
La conflictividad de Bolivia tiene orígenes en la misma fundación de la república, por lo que, sin temor a equivocarme, podría decir que las protestas de los departamentos que van a perder asambleístas nacionales a costa de Santa Cruz y por la delimitación de circunscripciones no se dejarán esperar, una vez que el Tribunal Supremo Electoral haga la redistribución de diputados.
Pasó el censo, pero los desacuerdos por esos y otros temas todavía serán motivo de varias controversias en este país en que la resistencia a la ley está profundamente enraizada. Lo aseguro, lo firmo.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.