Imputan al alcalde de Trinidad por irregularidades en gestión del COED

La Fiscalía Anticorrupción del Beni imputó formalmente al alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, supuestamente cometidos durante su gestión como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) entre 2018 y 2020.
Cristhian Cámara Arratia es acusado de gastar una suma de 6.6 millones de bolivianos sin ningún tipo de respaldo, de acuerdo con un reporte de la red Erbol.
La Gobernación Departamental del Beni es la entidad que presentó la denuncia en 2021, a través de la Secretaría de Transparencia, respaldándose con informes de auditoría interna del año 2022.
El documento de la imputación fue firmado el pasado 27 de marzo por el fiscal de Materia, Marcelo Flores Layme. Éste indica que el extitular del COED dispuso incorrectamente el pago de 6.6 millones de bolivianos del Fondo de Avance de Cuentas, lo cual infringió el Manual de Funciones.
El fiscal identificó además severas irregularidades que incluyen actos de omisión al momento de firmar y sellar documentación que avaló desembolsos de dinero. Asimismo, encontró que los procedimientos permitidos para el funcionamiento del COED no fueron seguidos debidamente en las gestiones de 2018, 2019 y 2020.
La imputación observa que la participación criminal de Cristhian Cámara se debe a la omisión del Manual de Fondos en Avance. Se argumentó que el exdirector no poseía la facultad para firmar, autorizar ni dar visto bueno a ningún pago, de manera que esto habría causado daño económico al Estado por falta de documentación de respaldo.
Considerando además el delito de conducta antieconómica en las gestiones señaladas, el fiscal concluyó que Cámara es responsable ya que dispuso de bienes patrimoniales del Estado de forma arbitraria.
En tal sentido, el fiscal solicitó medidas cautelares contra el edil, las cuales incluyen presentarse ante el juez o el Registro Biométrico de la Fiscalía Departamental de Beni, la prohibición de comunicarse con testigos y sujetos procesales, una fianza económica de Bs 10.000 y un arraigo departamental, que supone una prohibición de salir del departamento sin orden judicial.
De acuerdo con la documentación conocida el pasado jueves en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el fiscal solicitó disponer la prohibición expresa de cometer otro delito doloso para el funcionario, así como aplicar las medidas cautelares en un plazo de diez días para garantizar su presencia en el proceso investigativo.