Recordando que las denuncias de fraude electoral en los comicios anulados de 2019, fueron elaboradas sobre la base de estudios técnicos y con datos del propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edgar Villegas, se declaró perseguido político del Gobierno y lamentó que desde el poder se intente criminalizar la libertad de expresión en el país para amedrentar a la ciudadanía.
“Aunque encarcelen a la mitad del país, no van a lograr cambiar la historia, nosotros la hemos vivido en carne propia, nadie nos la ha contado. La verdad es única e inmutable, no van a lograr cambiarla (…). No nos vamos a rendir ante las injusticias, no tenemos miedo y no nos van a doblegar”, dijo Villegas en conferencia de prensa.
El profesional que denuncio el fraude en 2019, añadió que los procesos iniciados en su contra, van dirigidos a amedrentar a toda la ciudadanía, para que en adelante, nadie se atreva a denunciar hechos de corrupción, fraudes y otras irregularidades.
Anunciando que asumirá su defensa con todas las herramientas a su disposición, Villegas se dirigió a la comunidad internacional para denunciar que es un perseguido político del actual régimen.
“Mi delito en 2019 fue simplemente salir en los medios a decir la verdad mostrando un estudio técnico sobre las irregularidades que habíamos encontrado en las funestas elecciones de dicho año”, sostuvo.
Asimismo, reiteró que los estudios presentados por su persona en 2019 para denunciar el fraude, fueron elaborados con datos publicados por el mismo Órgano Electoral, cuya única motivación fueron los principios y valores, además del amor por el país, todo bajo el amparo de la libertad de expresión que garantiza la Constitución.
“Este derecho quiere ser criminalizado con una denuncia que no tiene pies ni cabeza”, indicó.
La semana pasada, el diputado “evista”, Renán Cabezas, anunció que se confirmó la emisión de una imputación formal contra Villegas, acusado por distintos delitos relacionados con la crisis política y social vivida en el país en 2019, tras el fraude electoral.
“En 2023 denunciamos a Villegas por el delito de instigación publica a delinquir, ya que con sus falsas afirmaciones sobre un fraude electoral, impulsó a la ciudadanía a convulsionar el país, provocando la destrucción de bienes del Estado, quema de Tribunales Departamentales, destrozos en domicilios de exautoridades, además de persecución y un golpe de Estado”, dijo.
Cabezas pidió respetar la soberanía interna del Estado boliviano y no amenazar con acudir a instancias internacionales.
Legisladores de oposición señalaron que el proceso abierto contra Villegas se trata de una represalia del masismo y adelantaron realizar seguimiento, iniciar las acciones necesarias y hasta reactivar movilizaciones en defensa de uno de los principales denunciantes del fraude, cuyo aporte fue tomado en cuenta por organismos internacionales y la propia opinión publica al momento de salir a las calles para defender su voto.
“Nosotros lo vamos a respaldar y, por supuesto, lo va apoyar la enorme mayoría de la ciudadanía que le agradece su heroica labor y por haber tenido coraje en un momento histórico para presentar las irregularidades que detectó en 2019”, sostuvo el diputado de CC José Manuel Ormachea.
El asambleísta que impulsa el proceso contra Villegas pidió a su colega Ormachea, presentarse como testigo y presentar las pruebas que anteriormente aseguró poseer sobre el fraude electoral denunciado.
Ayer, desde la Fiscalía Departamental de La Paz, se recordó que el denominado Caso Fraude Electoral fue cerrado luego presentarse estudios de una “pericia” elaborada por un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, España, sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el que se descaró la existencia de manipulación de datos en el mencionado proceso electoral.
“El informe pericial ha determinado que no se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP, también se ha demostrado la inexistencia de manipulación informática en los resultados del proceso electoral y, sobre la base de estos resultados, la Comisión de Fiscales determinó emitir el sobreseimiento de este caso”, sostuvo la Coordinadora de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda Calle.
Especialistas como el constitucionalista Israel Quino, aseguraron que el proceso contra Villegas es ilegal, ya que se trata de un ciudadano en ejercicio de su derecho a la opinión, figura que fue abordada por instancias internacionales.
“Es inconstitucional imputar al Ingeniero Villegas por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión el año 2019. La CIDH dispuso que nadie puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público, su proceso es ilegal”, sostuvo.
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