Periodistas ratifican defensa de la libertad de expresión

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, ratificaron la defensa intransigente de la libertad de expresión y de prensa ante la imputación ordenada por el Ministerio Público contra el ingeniero informático Edgar Villegas por el supuesto delito de instigación pública a delinquir.
En un comunicado hecho público ayer, los gremios de periodistas consideraron que dicha imputación, motivada en razones políticas, “constituye una grave amenaza contra el derecho a expresar y difundir ideas e información, limita el derecho de acceso a la información del conjunto de la población y conlleva el peligro de inhibir su ejercicio pleno y sin restricciones por miedo a ser injustamente juzgado”.
Recordaron que, el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho consustancial a todas las personas y su ejercicio está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y por tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano. Establece claramente que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.
Además de pretender acabar con las voces críticas, agrega la nota, cualquier intento de judicializar el derecho a la libertad de expresión constituye también un atentado a la libertad de prensa por cuanto afecta el derecho de hacer públicas ideas, opiniones o información a través de cualquier medio de comunicación.
“Nos queda claro que, al hacer conocer sus investigaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en las Elecciones Generales de 2019, el ingeniero Villegas no sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión sino también ha contribuido a superar las dificultades que el periodismo enfrentaba a la hora de acceder, comprender y, por tanto, informar a la población en esa coyuntura crucial para la democracia”, sostiene el comunicado.
“Demandamos encauzar el proceso por el cauce de la vigencia plena de los derechos a la información y la libertad de expresión, para evitar un peligroso precedente que limite el escrutinio de la gestión pública por parte de la ciudadanía”, finaliza la nota.