En día 6 de marzo de este año, las organizaciones cívicas y sociales de Santa Cruz, luego de una denominada “Cumbre de Líderes”, en sus conclusiones ha determinado una nueva relación con el Estado, así en el considerando dice: “(…) la relación de la principal región productiva del país con el Estado central ha sufrido un deterioro que urge corregirlo y por eso se dispone de un plan de acción destinado a replantear este vínculo (…) como se lo ha plasmado en el Proyecto Nueva Relación de Santa Cruz con el Estado”.
Luego de la parte declarativa del documento, en una de Compromiso Conjunto, se establece: “1.-Compromiso Conjunto: 1.- Reivindicar el plan de acción para establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado (…)”. Si bien es cierto que el departamento de Santa Cruz se ha constituido en la cabeza del desarrollo económico del país, no es menos cierto que en distintos gobiernos se volcaron importantes recursos a esa región, para estimular sus potencialidades y en lo humano, fruto de la migración interna, cerca de un 40% de residentes, son originarios del occidente del país.
El documento que analizamos, no dice cuál sería esa nueva relación que anuncia, aunque habla de un plan. A la luz de la Ciencia Política, considerada como la ciencia del Estado, éste está conformado por tres elementos fundamentales: territorio, población y gobierno, de donde se infiere que todos los habitantes del espacio geográfico boliviano, somos la población; el territorio lo constituyen nuestras casas, barrios, ciudades, departamentos que, a la vez, son de todos los bolivianos, el gobierno es solo el administrador del Estado, no es el Estado, sino uno de sus componentes.
Al ser todos los bolivianos el Estado, no podemos plantearnos una nueva relación con nosotros mismos, pues equivaldría a cuestionarnos nuestra propia identidad nacional, hoy venida a manos con el pluralismo nacional propiciado por el régimen de gobierno que ejerce el poder hace 17 años, que afecta el sentido de nación boliviana, nacida de la Guerra del Chaco y establecida en la Revolución Nacional, que al haber incorporado a la nacionalidad boliviana a la mayoría indígena de ese tiempo, otorgándoles todos los derechos ciudadanos, estableció que todos los habitantes del territorio, sin distinción alguna, se consideran bolivianos.
El día 15 del pasado mes, se reunieron en Santa Cruz los presidentes de los comités cívicos del país, para considerar precisamente el pronunciamiento de los dirigentes cruceños del día 6 del mismo mes. Esa reunión aprobó una declaración que sostiene una nueva administración del país, basada en la necesidad de implementar una real y efectiva autonomía, que no esté secuestrada como la actual por el gobierno excesivamente centralista. En esa nueva administración del Estado, se debe considerar en lo económico cambiar la coparticipación de ingresos establecidos en la actualidad, con base en el traspaso de determinados impuestos a los departamentos y municipios, para que los administre de acuerdo con sus propias realidades, necesidades y planes de desarrollo, de tal suerte de democratizar el poder.
La corriente en el mundo actual, es la de descentralizar y desconcentrar el poder. Históricamente, desde el Imperio romano, el poder central controlaba todo. La frase de: “todos los caminos conducen a Roma” resume esta forma de gobierno, hasta que la Revolución francesa acabó con el absolutismo monárquico. Hoy el poder debe estar más cerca de la población, de tal manera de atender las demandas de la misma, que es la que sabe cuáles son sus necesidades prioritarias. La Participación Popular, en su momento con la municipalización y los comités ciudadanos, fue un importante adelanto en cuanto a la estructura de organización del Estado. Lamentablemente, fue dejada de lado por la corriente estatista del actual régimen de gobierno, que responde a su tendencia ideológica “estatizante”.
En su primera versión, el actual régimen de gobierno, arremetió contra las gobernaciones (prefecturas) de Cochabamba, La Paz y Tarija, que por voto democrático habían elegido a sus autoridades, que no eran del oficialismo; utilizando el Órgano Judicial, para echar de sus funciones a alcaldes y otras autoridades no afines al gobierno. Asimismo, las autonomías regionales han sido reducidas, de tal manera que el gobierno central percibe más de un 80% de los ingresos fiscales.
El planteamiento de los comités cívicos, responde a la demanda de la sociedad boliviana, pues la verdadera democracia no es solo elegir libremente, sino participar en la administración del Estado, ya que éste tiene como la principal finalidad, buscar el bien común, es decir el de todos, sin distinciones.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.