Fue el 4 de septiembre de 1962 cuando un grupo de empresarios visionarios, reunidos en instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, decidió unir e integrar a las organizaciones destacadas del sector en una entidad nacional de carácter gremial, con capacidad de interpretar los propósitos y anhelos de la comunidad empresarial, fortaleciendo su presencia en la sociedad boliviana y armonizando sus intereses particulares con los intereses empresariales y del desarrollo del país.
Estamos hablando de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que empezó a operar con el nombre de Unión de Instituciones Económicas Privadas de Bolivia. La conformaron los sectores de comercio, industria, minería, banca y aseguradores. Su primer Directorio tuvo como presidente a Enrique García Iturralde, acompañado por José Romero Loza, Lucio Alvéstegui, Jorge Jáuregui, Humberto de Rada, Claudio Sanjinés y José Manuel Handal. La Resolución Suprema 124.419, de 23 febrero de 1964, le otorgó su personería jurídica.
La Confederación de Empresas Privadas de Bolivia es una organización que agrupa a las empresas privadas del país para representar y defender sus intereses ante el gobierno y otros actores relevantes. Su objetivo fundamental es promover la iniciativa privada, contribuir al desarrollo económico y social del país, preservando y promoviendo su función creadora de valor y de generación de empleo.
La CEPB trabaja en la capacitación y formación de empresarios y emprendedores, brindándoles herramientas y conocimientos para mejorar sus habilidades de gestión y competitividad. Además, busca proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a las empresas en diferentes áreas. En cuanto a las perspectivas futuras de la CEPB, se espera que continúe desempeñando un papel relevante con las universidades privadas de Bolivia, promoviendo intereses empresariales a través del desarrollo de la inteligencia artificial, la economía 4.0 del talento, la economía naranja y la economía circular.
Se espera que la CEPB continúe trabajando en la búsqueda de soluciones y propuestas que impulsen la competitividad y el crecimiento del sector privado. Además, la CEPB también debe desempeñar un papel importante en la promoción de la responsabilidad social y ambiental empresarial, así como la adopción de prácticas empresariales sostenibles y éticas. Estas son tendencias internacionales que cada vez cobran más importancia y que podrían marcar la agenda futura de la CEPB y su interacción con otras organizaciones y actores relevantes en Bolivia.
Cumpliendo sus objetivos y funciones, la CEPB planteó en reiteradas oportunidades la necesidad de diálogo entre el Gobierno nacional y el empresariado del país.
Hace poco tiempo que este diálogo se puso en marcha, para buscar en conjunto las soluciones pertinentes para superar la crisis económica nacional. El diálogo público privado ha coadyuvado con el establecimiento del “Acuerdo económico, productivo y empresarial”, el cual contiene 10 puntos entre los que destaca generar mayor confianza en el ciudadano boliviano y la economía del país, a través del incremento y apertura de las exportaciones, medidas para aliviar la provisión de dólares y el abastecimiento de combustibles, entre ellos la instalación de plantas de biodiésel.
La posición de la CEPB es la misma que la del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), que en su XXVI Reunión exhortó a sus respectivos gobiernos a “mantener y viabilizar políticas públicas que incluyan al sector privado como actor importante para el desarrollo y el crecimiento económico”, y sugirió propiciar condiciones normativas e institucionales que animen la inversión, la generación de empleo y la innovación.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia no solo vela por los intereses empresariales, sino también por cuidar los intereses nacionales. Es por eso, que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, tras un largo debate en el que participaron delegados de la CEPB, del Ministerio de Trabajo y la COB, estableció que el sector privado boliviano ha sido excluido por el gobierno de las consultas exhaustivas y en igualdad de condiciones, del proceso de fijación de salarios mínimos nacionales, establecido en el Convenio 131. La Comisión exhortó al Gobierno boliviano a realizar consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijación de salarios mínimos.
Todos los sectores empresariales del país han rechazado la propuesta del incremento salarial para esta gestión, considerando la inflación y el bajo crecimiento económico nacional.
El autor es Licenciado en economía de la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internaciones de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).