El parque automotor en Bolivia llegó a 2.470.622 vehículos en 2023, lo que representa un incremento de 5,3% (125.230) respecto a 2022, cuando llegó a 2.346.392 vehículos, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el país se tiene registrados, mediante el RUAT, 2.470.622 vehículos motorizados en el año 2023, un 5,3% más que la gestión 2022. Desde el 2003 hasta la pasada gestión el parque automotor nacional creció en un 457%, según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Según esos datos, el 93,2% son vehículos de servicio particular, un 5,2% de servicio público y solo un 1,6% de servicio oficial (entidades públicas). Si bien los vehículos de servicio particular son la mayoría en el país, muchos de estos prestan servicio de transporte público, como taxis, trufis o buses que no están registrados como tal, los mismos trabajan irregularmente dentro de la informalidad, detalló.
Según la clase de vehículos, el vehículo de mayor preponderancia son las motocicletas, con un 32,4% del parque automotor, luego las vagonetas con el 25,4% y los automóviles con un 15,4%.
Según departamento, Santa Cruz posee la mayor cantidad de vehículos en el país, con un 35,8%, luego le sigue Cochabamba con un 21,2% y La Paz con el 21,2%, agregó.
Respecto al tipo de modelo, el 52,2% son vehículos motorizados del año 2011 en adelante. Es decir, en Bolivia hay un parque automotor relativamente moderno, sostiene Romero y pregunta ¿Cuántos vehículos indocumentados o “chutos” hay en Bolivia?
“Se estima que son alrededor de 500 mil, sin embargo, no se tiene un número exacto, ya que cada día entran al país decenas de vehículos de contrabando, los cuales luego circulan en el país sin documentación, sin placa y consumiendo diariamente carburantes subvencionados, lo cual genera mayor gasto público en importación y subvención de diésel y gasolina, contribuyendo negativamente a la liquidez de divisas en el país y a seguir manteniendo un déficit fiscal de muchos años”, lamentó.
Por ello plantea que es primordial que el Gobierno, con el apoyo de gobernaciones y municipios, identifiquen plenamente a estos vehículos indocumentados para que sean decomisados, determinar su legitimidad (contrabando, robados, otros) y se establezca que política pública se aplicará para los mismos, ya que estos representan aproximadamente el 20% de todo el parque automotor nacional.
