El Gobierno pasó al Legislativo la solución del conflicto por la “jubilación forzosa” incorporada en el proyecto de ley 035 y los médicos que llevan adelante paro de 72 horas piden diálogo. Analistas advierten que el Gobierno se empeña en aprobar la norma con el propósito de cumplir un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para habilitar fuentes laborales.
“El Gobierno tiene un acuerdo con la COB y en vez de exigirle al Gobierno que genere puestos de trabajo dignos, con salarios buenos y con seguridad social, piensan que la mejor forma de generar nuevos puestos de trabajo es sacando a 20 mil empleados del magisterio, la universidad y entre los médicos”, declaró el analista económico, Alberto Bonadona.
El experto en pensiones dijo que con la jubilación a los 65 años “piensan” que van a generar nuevas fuentes de trabajo. “Es más una cuestión política, no social ni economía. Es un acuerdo entre la COB y el Gobierno”.
La jubilación no afectará los recursos que maneja el Gobierno puesto que el dinero para las rentas saldrá de los fondos individuales de las personas. “Puede haber una compensación, pero ese es un compromiso que viene desde el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo otro sale del fondo solidario donde, incluso, el Estado no pone ni un peso. No es plata fiscal, es dinero de los afiliados y pensionistas”, afirmó.
Los médicos ya llevan varias semanas exigiendo que se anule la “jubilación forzosa” que fue establecida por el Gobierno en el proyecto de ley 035. Esta norma pasó a la Asamblea Legislativa en julio del año pasado, fue aprobada por la Comisión y esta semana pasó al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento. Mientras tanto, los médicos ya llevaron adelante dos paros de 24 y 48 horas y este martes replicaron la medida por 72 horas, un paso antes del paro general e indefinido.
“La solución -explicó Bonadona- pasa por eliminar de la ley la exigencia de jubilación a los 65 años y preocuparse por ejecutar la elevación de la escala del fondo solidario”. Este incremento subirá los límites de 4.200 a 5.200 bolivianos, pero para el experto eso se pudo hacer sólo con un decreto supremo. “No necesitaba una ley para hacerlo”, apuntó.
El analista económico, German Molina, dijo que el país atraviesa por un “elevado” déficit fiscal que tiene una mayor presión por la falta de dólares. “Habrán puestos vacantes que inmediatamente después van a ser ocupados por profesionales jóvenes, pero no habrá una transparencia en su contratación e ingresarán por otros canales”.
El experto consideró que esa política económica no es la adecuada porque en el actual momento hay empresas públicas deficitarias. “El TGN no tiene suficientes recursos y no sería adecuado ocupar esos puestos que vayan a quedar libres tras la jubilación”.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, denunció que la socialización de la norma se hizo hace apenas dos meses, después de que fue aprobada por la Comisión de Constitución sin cambiar ni un punto el proyecto enviado por el Ejecutivo.
“Nos reunimos con el presidente de la Comisión, le explicamos que no es posible una jubilación a los 65 años puesto que una persona que trabaja de forma intelectual tiene mayor desarrollo justamente a esa edad”, explicó.
El profesional dijo que sólo piden la anulación del artículo, referido a la obligatoriedad de la jubilación. “Pero nunca recibimos una invitación para ver cómo será la ley. Enviamos explicaciones científicas a partir de la neurología, la psiquiatría y la geriatría. Estudios internacionales advierten que a los 65 años se tiene mayor capacidad y lógica. Ese es un argumento científico”, afirmó.
Además, dijo que un médico demora alrededor de 15 años en obtener su especialidad y subespecialidad. “Ese profesional llegará a trabajar a los 40 años y no alcanzará los 35 años de aportes y sus rentas de jubilación van a ser menores”.
El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, declaró que la solución pasa por el Legislativo. “Como proyectistas, vamos a asistir a la convocatoria de la Asamblea Plurinacional. Somos respetuosos de las atribuciones y las competencias. Esa es la instancia que debe viabilizar este proyecto de ley, son los diputados, los senadores quienes deben revisar en grande y detalle este proyecto”, afirmó.
Además, calificó de “política” las protestas convocadas por el sector médico. “Seguramente, ya se están viendo como futuros candidatos y por eso llaman a la movilización. Cualquier protesta debería ir a esa instancia (legislativa) ahí los diputados y senadores van a recibir los comentarios, los votos de apoyo o las observaciones que tengan (los médicos)”. (Brújula Digital)