Avasallamientos cuentan con la aquiescencia del Gobierno

Señalando que los avasallamientos de tierras en la región oriental del país se producen con la aquiescencia e impulso del Gobierno a sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que incurren en estos abusos, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, lamentó la permisividad de autoridades hacia este delito.
“Este es un tema de no acabar, pero los avasallamientos se producen porque existe una situación de que el Gobierno los favorece, no es porque si, entonces hay una política muy hipócrita de parte del gobierno de salir a hacer declaraciones de que no se va permitir cuando luego las personas implicadas en delitos flagrantes quedan liberadas”, cuestionó la legisladora.
En criterio de Rek, existe una coordinación entre autoridades y avasalladores para beneficiar a los segundos pese a que en diversas ocasiones son sorprendidos de forma flagrante cometiendo este delito.
“Los jueces operan en favor de los avasalladores, no se hace ningún tipo de justicia sino todo lo contrario”, cuestionó la asambleísta de oposición.
Afirmando que el incumplimiento de la norma vigente y la permisividad para los sectores dedicados al avasallamiento son componentes del actual estado de la justicia, Rek reprochó que más allá de todo lo cuestionado, exista una tendencia de autoridades a promover este ilícito.
“Es toda la descomposición que hay en el país y justamente la aquiescencia del Gobierno que es permisiva y que no solamente es permisiva sino que también insta a estas personas que forman parte de sus huestes a que generen los avasallamiento”, sentenció la senadora.
Recientemente, la diputada María René Álvarez, denunció que el Instituto Nacional de Estadística censó a avasalladores que improvisaron casetas dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz.
Según Álvarez, durante una inspección en el lugar, se pudo confirmar que el INE pasó por las casetas montadas de manera improvisada en medio del área y realizó el registro de personas que no deberían estar allí o que escaparon al ver la presencia de la comitiva.
Advirtió que, el INE deberá explicar por qué procedió a registrar a personas en un lugar prohibido, mientras que el alcalde de San Ignacio de Velasco deberá responder por el incumplimiento de una orden judicial que protegía este lugar de nuevos asentamientos.