En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la prevalencia de la violencia sexual y los embarazos tempranos en Bolivia.
El documento hace constar también las preocupaciones de la sociedad civil sobre el aplazamiento en la realización de elecciones judiciales, la falta de independencia del Órgano Judicial y el excesivo uso de la detención preventiva.
“Preocupa en participar la prevalencia de la violencia sexual y los embarazos tempranos, forzados o no deseados, en niñas y adolescentes”, indicó la Comisión. Más adelante, citando los datos oficiales del Ministerio Público, indica que, hasta octubre del año pasado, se registró la cifra de 2.105 casos de violación a infante, niña o adolescente en 2023.
Esto implica que, durante 2023, alrededor de siete menores de edad sufrían abusos sexuales cada día, de acuerdo con los datos reflejados por la Comisión.
Posteriormente, se indica que entre 2020 y 2023 se han registrado 131.695 embarazos de niñas y adolescentes, de los cuales, el 6% corresponde a menores de 15 años. Este dato fue expuesto en una audiencia temática con la sociedad civil.
La CIDH también reparó en los números crecientes de feminicidio, subrayando que hasta noviembre del año pasado eran 73. Además, 36.422 casos de violencia de género fueron registrados en la Fiscalía. Como dato complementario, en cuatro meses de lo transcurrido de 2024, Bolivia ya registró 26 feminicidios.
MODIFICAR LEYES
La CIDH puso énfasis en destacar que, durante 2023, “no se han realizado las modificaciones normativas ordenadas por la Corte Interamericana en sentido de eliminar el delito de estupro y de centrar la tipificación del delito de violación en la ausencia de consentimiento y no en el uso o amenaza del uso de la fuerza”.
Este proyecto, sin embargo, fue aprobado durante la presente gestión en la Cámara de Senadores, aunque de momento no fue abordado en la Cámara de Diputados, hemiciclo donde el año pasado fue rechazado un proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas.
Por otro lado, la Cámara de Senadores también recibió un proyecto de ley para modificar la Ley 348, que protege la vida y la seguridad de las mujeres contra la violencia machista.
La propuesta de modificación a esta ley fue planteada por la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Arce, y respaldada por el presidente del Senado del mismo partido político, Andrónico Rodríguez Ledezma.
Dentro de sus polémicas propuestas, el proyecto de modificación de la ley plantea que un perito sea quien defina si las víctimas de violencia sexual dicen la verdad y que, en otros casos de violencia de género, el testimonio de la mujer no será prueba fundamental del proceso.
JUSTICIA SERVIL
El informe de la CIDH remarcó que “organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando su preocupación por los desafíos estructurales en el sistema de justicia y falta de garantía para la independencia judicial”.
Con lo mencionado se refiere a la “suspensión indefinida de las elecciones judiciales” y la posible situación de “inconstitucionalidad” en la composición de las altas magistraturas, derivada de la continua prorrogación de los mandatos desde el pasado 2 de enero.
Ante estos desafíos, la CIDH sostuvo que “urgió oportunamente al Estado a garantizar las elecciones y advirtió el posible debilitamiento del sistema de justicia” por esta situación.
En esa dirección, la Comisión lamenta que “continúa el empleo excesivo de la prisión preventiva, cuya tasa de aplicación es del 64%, lo que sería la principal causa del hacinamiento, el cual alcanzaría al 217%”.
Las personas privadas de libertad, además, enfrentan escasez de agua y alimentos, una deficiente atención médica, la falta de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, ausencia de espacios exclusivos para recibir visitas y dificultades para acceder a la educación superior, agregó la Comisión.
Respecto al tema, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, comentó que la “sumisa e inmediata” disposición de la detención preventiva de los acusados sin previa investigación, constituye una “práctica habitual” que es contraria a las garantías del debido proceso y a los derechos humanos.
En ese sentido, advirtió que, ante la falta de voluntad para llevar adelante una reforma judicial, esta práctica seguirá judicializando la política.
TRES INFORMES
El estudio sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia de la CIDH coincide con las conclusiones emitidas recientemente por otros informes, el de Amnistía Internacional y el del Departamento de Estado de Estados Unidos de América.
Todos ellos se refieren específica y fundamentalmente a la situación de crisis de la justicia, reparan en la situación de acoso a los defensores de derechos, la sistemática agresión y acoso al periodismo independiente, en la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente al uso del mercurio por parte de la minería ilegal.
Al respecto, la CIDH señaló que “se continuó recibiendo información sobre las afectaciones a la salud de los pueblos indígenas por la inadecuada regulación del uso e importación del mercurio”. (Brújula Digital)