ALP no debe cumplir disposiciones que buscan sabotear las judiciales

Luego de haberse emitido la resolución de la Sala Constitucional Primera de Cobija, instancia que observó y anuló el proceso de preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no debe dar cumplimiento a una determinación que busca sabotear estos comicios, planteando continuar con el proceso.
En criterio del asambleísta representante de la capital del Estado, desde el momento en que las actuales cabezas de la justicia optaron por prorrogarse en sus cargos de forma ilegal, en el país ya no existe el Estado Constitucional de Derecho, por lo que toda disposición que emane de alguna autoridad de justicia es nula y no debe ser acatada.
Pedrazas también cuestionó que desde el poder se manipule al Órgano Judicial para sabotear el proceso de preselección, necesario para dar paso a las elecciones judiciales, motivo por el que el Parlamento no está en la obligación de cumplir resoluciones que claramente van dirigidas a obstaculizar este trabajo, en base a mecanismos que además son incorrectos.
“La Asamblea Legislativa no tiene por qué cumplir una resolución de un juez que solo pretende sabotear una Elección Judicial y que inclusive utiliza mecanismos que no son los idóneos para conceder la tutela a quienes la habían planteado”, expresó.
En ese marco, Pedrazas llamó a Parlamentarios y a la Asamblea Legislativa a defender la institucionalidad del país, continuar con el proceso de preselección y remover de sus cargos a quienes en la actualidad administran la justicia boliviana de forma ilegal.
“Hay que sacar a los delincuentes que se encuentran en el Órgano Judicial a través de un mecanismo constitucional que es la Elección Judicial”, sostuvo el legislador chuquisaqueño.
El martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija, resolvió dar curso al recurso de Acción Popular presentado por la supuesta vulneración a los derechos de mujeres indígenas, dejando sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales que se encontraba en fase de evaluación oral y escrita.
La medida dispuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán fue rechazada ampliamente por, prácticamente “sepultar” todo el proceso de los comicios judiciales, dejando incertidumbre sobre el futuro de la justicia nacional.
Expresidentes como Eduardo Rodríguez Veltzé, puntualizaron que la finalidad de un recurso de Acción Popular es velar por intereses colectivos, observando que, en este caso, la decisión es inaplicable y no puede detener la preselección en el Parlamento. “La incompetencia de la Sala y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar”, expresó.
Ayer, ante los cuestionamientos al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y su posible responsabilidad en la constante obstaculización al proceso de preselección, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, negó dichas aseveraciones y apuntó a intereses externos como la principal causa de todos los inconvenientes que impiden avanzar en la elección de nuevas autoridades de justicia.
“La decisión de las elecciones judiciales está en las manos de las Comisiones Mixtas, pero, existen intereses externos que buscan impedir el desarrollo normal de este proceso”, subrayó.
Huaytari además recordó que la pasada semana se indicó que las Comisiones Mixtas podían proceder en la continuidad del proceso de elección. “Quiérase o no, la Asamblea Legislativa es el primer Órgano del Estado”, sostuvo.
Desde la Defensoría del Pueblo, se llamó a todos los actores políticos y al Estado a dar una solución a la permanente suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales.
“Debemos evitar el uso perverso de las formas democráticas. Llamamos a la responsabilidad de todos los actores políticos, las autoridades, el Estado en sí mismo, para que den una solución a esta situación”, declaró el titular de esta instancia, Pedro Callisaya.
Agregó que, desde la pasada gestión, se había advertido la necesidad de actuar con mucha prudencia en el tema de las elecciones judiciales, ya que “el mensaje que están dando actores políticos a la población no es de fortalecimiento del mecanismo democrático, sino un mensaje inverso que aporta más bien a la deslegitimación del mismo y que puede, eventualmente, provocar salidas también dolorosas para el Estado y la población boliviana”.
“Existe la necesidad de dejar de lesionar el ejercicio del derecho político de la población para elegir a sus autoridades y en eso son responsables todos los decisores; políticos y autoridades para que se pongan de acuerdo y se dé una salida a esta situación”, indicó Callisaya, recordando que la ciudadanía tiene altas expectativas en esta elección, por lo que dar un mensaje negativo demerita todo el proceso de construcción del sistema democrático.