Golpes al trabajo del Órgano Legislativo no se detienen

Observando la cantidad de Amparos Constitucionales y otros recursos presentados para mantener paralizada la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, la diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, cuestionó la celeridad y lentitud con que la administración de justicia actúa en determinados casos, advirtiendo una “negligencia burocrática sospechosa” destinada a obstaculizar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Mediante sus redes sociales, la legisladora representante de la región chiquitana, lamentó que cada día se conozca sobre más recursos judiciales presentados contra la preselección, principalmente tramitados por postulantes inhabilitados durante el proceso.
“Más de media docena de amparos se encuentran activos para ordenar la paralización de las Elecciones Judiciales y ahora una Sala Constitucional de Santa Cruz le dio tutela a un abogado inhabilitado”, expresó Álvarez.
Asimismo, cuestionó todo el tiempo transcurrido para notificar a la ALP, después que la Sala Constitucional Primera de Cobija, dispusiera anular el proceso de preselección, dando curso a un recurso de Acción Popular.
En criterio de la asambleísta de oposición, esta instancia fue muy efectiva y, sobre todo, “rápida” para ordenar la paralización y anulación de este trabajo; sin embargo, demostró una sospechosa lentitud al momento de emitir la respectiva notificación a las respectivas Comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“En esta era de tecnología en información y comunicación, esa negligencia burocrática es más que sospechosa, porque con cada acción como esa se deja al Legislativo sin tiempo para cumplir con los plazos constitucionales correspondiente a su labor”, sostuvo.
Por lo señalado, Álvarez insistió en que existe un minucioso plan elaborado por el Órgano Ejecutivo y ejecutado por sus operadores en el Órgano Judicial, para obstaculizar todo avance en el proceso de las elecciones judiciales, esto con la finalidad de mantener una ilegal prórroga de magistrados y extenderla a la gestión presidencial.
“Todo esto nos muestra el plan elaborado por el Ejecutivo y sus operadores en el Órgano Judicial para mantener o legitimar la autoprórroga de los exmagistrados usurpadores, pero también para llegar al extremo de prorrogar al Ejecutivo luego de octubre de 2025”, concluyó.
Este lunes, una Sala Constitucional de Santa Cruz, ordenó suspender el cronograma de preselección de candidatos en la ALP, al dar curso a un recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Alain Núñez, un postulante anteriormente inhabilitado en este proceso.
El mismo día, concluyó el plazo para que la ALP remita al TSE la lista con los nombres de los postulantes habilitados para participar de los comicios judiciales.
Según la Ley 1549, “Transitoria para las Elecciones Judiciales”, el Órgano Legislativo debía concluir el proceso de preselección de candidatos en un plazo de 80 días, al haber iniciado este trabajo el pasado 17 de febrero, esta nómina debía ser entregada al Órgano Electoral el pasado lunes 6 de mayo.
Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó que las Comisiones Mixtas son las instancias encargadas de buscar los mecanismos para dar solución y continuidad al proceso de preselección de autoridades judiciales.
Acotó que se espera el informe de estas Comisiones y, en base a estos criterios, determinar si es prudente avanzar con las elecciones judiciales a través de una “ley corta”, sin descartar que, en caso de existir un argumento técnico jurídico, el proceso pueda retornar a foja cero.
“Esta presidencia no respalda a los prorrogados, nosotros siempre hemos dicho que se debe respetar la Constitución Política del Estado y eso está en manos de las Comisiones Mixtas”, afirmó Huaytari.
La semana pasada, los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo, de la Sala Constitucional Primera de Cobija, dieron curso a una Acción Popular que dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales, argumentando una supuesta vulneración a los derechos de mujeres indígenas de ese departamento, por lo que se ordenó organizar un nuevo proceso de preselección.
Tal como observó la diputada Álvarez, la notificación de esta Sala Constitucional a las Comisiones Mixtas encargadas de la preselección en la ALP, se produjo la jornada pasada, siete días después de haberse conocido la disposición.
La notificación fue confirmada por el senador oficialista, Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, cuyo texto en su parte resolutiva indica: “Se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de los personas basadas en la realidad de cada departamento…”.
Con esta disposición, suman tres los procesos anulados por determinación de la justicia. El primero, en marzo de 2023, mediante una acción de Amparo Constitucional y el segundo, en abril del mismo año, a través de una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el diputado Leonardo Ayala de Creemos.