“Mafias” en 18 años no fueron alejadas de DDRR

Respondiendo a los argumentos del Gobierno central para justificar la emisión del Decreto Supremo 5143, la diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, respondió a las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien reconoció que en Derechos Reales existen mafias, a las que la administración del Movimiento al Socialismo (MAS) y su “proceso de cambio” no combatió durante sus 18 años en el poder.
Álvarez cuestionó que Lima haya tratado de justificar la emisión del DS 5143 que reglamenta la Ley de DDRR y que establece, entre otras modificaciones, la creación del Sistema Único del Registro de Derechos Reales a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic), que es parte del Ministerio de la Presidencia.
“Parece decir que lo que busca el Ejecutivo es tomar DDRR para desplazar o reemplazar a esas mafias. Solo así se entiende que el Ejecutivo a través de sus funcionarios, que son agentes políticos, insiste en tener control sobre las propiedades de los bolivianos”, expuso la diputada.
En ese sentido, remarcó que los funcionarios de la Agetic responden a órdenes políticas y al tener acceso a los datos de las propiedades y viviendas de todos los ciudadanos, se incurre en nuevos riesgos contra las libertades de los bolivianos.
“Nada de lo que haga este régimen socialista puede ser a favor de los ciudadanos, siempre van a pensar en el beneficio de la clase política. DDRR no puede pasar a control de una entidad política como es la Agetic y menos mediante un simple decreto”, agregó.
En cuanto al procedimiento, la diputada dijo que el tema de DDRR no puede manejarse a través de un decreto, sino mediante una Ley que debe pasar por el debate de los diputados y senadores, dentro de sus atribuciones constitucionales.
El DS 5143 fue emitido por el presidente Luis Arce el pasado 10 de abril y reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887. En sus 91 artículos y disposiciones transitorias y finales contiene una serie de regulaciones que delegan las actuales atribuciones que tiene el Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura a favor del Ejecutivo.