Observan que oficialismo trata de legitimar funciones de prorrogados

Tras los anuncios del oficialismo sobre la presentación de recursos judiciales para viabilizar las elecciones judiciales y enviar a revisión de constitucionalidad del decreto que reglamenta la ley de Derechos Reales, políticos de oposición y asambleístas nacionales señalaron que con estas acciones solo se busca legitimar las funciones de las actuales autoridades prorrogadas en el Órgano Judicial.
El principal cuestionamiento a la acción de recurrir al TCP pasa por la cuestionada gestión de Magistrados, cuyo mandato fue prorrogado de forma inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en diciembre de 2023, provocado el rechazo de la población y un prolongado estancamiento en el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el oficialismo se rehúsa a tratar varios proyectos de ley presentados para terminar con esta ilegalidad.
Sobre el Control de Constitucionalidad, planteado por la bancada del MAS al TCP para revisar el Decreto Supremo 5143, el expresidente y líder de la principal fuerza de oposición en el Parlamento, Carlos Mesa Gisbert, señaló que el solo hecho de recurrir a esta instancia, devela la intensión del Gobierno para “blindar” la normativa, justificando así una evidente intensión de apoderarse del sistema de registro de Derechos Reales a través de la estatal Agetic.
“Según las normativas emergentes de la nueva Constitución Política del Estado, de 2009, solo una ley puede disponer la reglamentación de Derechos Reales y esta entidad no puede pasar al control del Ejecutivo como pretende el Decreto. En tanto no haya una Ley específica, el 5143 debe derogarse”, expresó el exmandatario a través de su cuenta en la red social X.
En el caso de medida cautelar solicitada al TCP para continuar con el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales, la diputada cruceña Luisa Nayar, advirtió que el verdadero objetivo de esta medida, y la anterior, es dar algo de legitimidad y reconocer la autoridad de Magistrados que permanecen en sus cargos pese a haber concluido su período de funciones, hecho que debe ser ampliamente rechazado por la población.
“El verdadero objetivo del oficialismo al enviar en consulta al TCP el Decreto Supremo sobre Derechos Reales, que debe ser abrogado, y la solicitud de medidas cautelares para proseguir con el proceso de la preselección para las elecciones judiciales, es legitimar y blanquear a los autoprorrogados, reconociéndoles autoridad y competencia”, sostuvo la asambleísta de oposición.
Al respecto, la diputada por Creemos, María René Álvarez, advirtió temor en el oficialismo, motivo por el que se recurre a recursos judiciales con la finalidad de “desactivar” las movilizaciones y el estado de emergencia en el que permanece la ciudadanía en rechazo a normas que amenazan y vulneran derechos reconocidos por la Constitución.
“El Gobierno se ve acorralado y acude a los autoprorrogados para pedir una consulta sobre el Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales y así desactivar las movilizaciones ciudadanas”, señaló.
En ese sentido, Álvarez cuestionó las garantías que puedan emanar de instancias cuestionadas y de Magistrados que usurpan funciones mediante un “contubernio político” con el Órgano Ejecutivo.
“Cuidado que la interpretación que salga desde Sucre sea utilizada por el gobierno de Arce para tratar de legitimar ese decreto ante la población. Cuidado que cometan el peor error de su gestión. Lo advertimos hoy, ante el pueblo de Bolivia”, advirtió la diputada.
El jueves, miembros de la bancada “arcista” del Movimiento al Socialismo en la ALP, anunciaron haber solicitado al TCP un control de constitucionalidad sobre el DS 5143 sobre Derechos Reales.
“El recurso abstracto presentado, está solicitando que tenga que someter a un test de constitucionalidad el proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo; se ha solicitado la medida cautelar que va a permitir que se pueda paralizar los efectos jurídicos del referido decreto”, explicó el diputado Juan José Jáuregui.
Agregó que tras la presentación del recurso, se suspende todo efecto del decreto supremo y que como Asamblea Legislativa dieron a conocer sus observaciones en la forma en que se aprobó, por lo que pide a la población no recurrir a marchas hasta que se emita una resolución del TCP.
Por su parte, el jefe de bancada del MAS en Diputados y expresidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, anunció haber solicitado ante esta misma instancia, una medida cautelar que garantice la continuidad del proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales, trabajo que fue paralizado y anulado por la Sala Constitucional Primera de Cobija, al dar curso a una Acción Popular.
Detalló que se solicitó acumular todos los Amparos Constitucionales contra la preselección, para que sean resueltos de una sola vez, apuntando a la emisión de un fallo que garantice la vigencia del Estado de Derecho y viabilice la pronta realización de los comicios judiciales.
“Hemos solicitado que se nos otorgue una medida cautelar que permita continuar con el proceso”, dijo Mercado, en conferencia de prensa.
Ayer, refiriéndose a la polémica por el decreto supremo 5143, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió que se pretenda expropiar propiedades mediante la reglamentación a la ley de DDRR y denunció que existe una campaña de desinformación contra esta normativa.
“Sobre la Constitución no está un decreto, no está una ley, quiero desmentir que el Gobierno quiera expropiar, quitarles sus viviendas, o que exista un control del Ministerio de Justicia, eso es totalmente falso”, indicó.
Agregó que, el objetivo del polémico Decreto es el de mejorar un “vulnerable” sistema antiguo, con la finalidad de facilitar el acceso, tramitación y revisión en línea. “Se busca mejorar las condiciones de un sistema obsoleto de más de 20 años que había que actualizarlo para que siga manejado por el Consejo de la Magistratura”, concluyó la autoridad.