El Ministerio Público emitió cinco nuevas órdenes de aprehensión contra otros sospechosos en el marco de las investigaciones por las irregularidades en la construcción de piscinas para la planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Aunque la Fiscalía allanó dos inmuebles en el departamento de Santa Cruz el pasado jueves, no encontró a los sujetos buscados. En tal sentido, se emitieron también alertas migratorias para que los cinco coacusados de causar un daño económico por Bs 425 millones no puedan abandonar el país.
“Tenemos cinco mandamientos de aprehensión más por ejecutar. Se han realizado dos allanamientos en Santa Cruz sobre determinadas casas. Lastimosamente estaban totalmente vacías, pero nosotros, en el momento que recibimos la denuncia, hemos hecho las alertas migratorias, cerramos fronteras a través de Migración y esperemos que (los sujetos) estén en Bolivia”, declaró Alave.
El 18 de abril, la estatal, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal contra diez de sus exdirectivos y una empresa contratista por supuestas irregularidades encontradas en la construcción de 18 piscinas evaporíticas, actualmente inoperantes, lo cual ocasionó presuntamente un daño económico de más de 425 millones de bolivianos.
La denuncia señala que los 18 estanques no pueden entrar en operaciones y tampoco proveen de materia prima a la planta de carbonato de litio localizada en el Salar de Uyuni.
Una de las ordenes de aprehensión es en contra de Paula G. R., representante de la empresa, Gerimex SRL, que firmó no menos de ocho contratos directos para el proyecto del litio por cerca de Bs 186 millones, entre los años 2013 y 2019, de acuerdo con un reporte de la agencia gubernamental de comunicación, ABI.
“La señora Paula G. R. está siendo buscada, se ha emitido un mandamiento respectivo y pues, lastimosamente, no ha sido habida en la ciudad de Santa Cruz”, indicó el fiscal.
CINCO APREHENDIDOS Y UN MUERTO
Hasta el momento, cinco personas fueron aprehendidas por el caso. La comisión de fiscales designados adelantó varios trabajos y secuestró documentación respecto a contratos, la cual fue sometida a una pericia de auditoría llevada adelante por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
“Tenemos las personas que fueron denunciadas y forman parte de todas las que participaron de ese proceso de contratación como licitación y de las que también se beneficiaron de esas contrataciones. Tenemos el número inicial de ocho ciudadanos que están siendo sometidas a esta investigación”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Entre el resto de aprehendidos están el exgerente nacional de recursos evaporíticos, Luis Alberto Echazú; el exencargado de fiscalización, Paul Quiroz Barrionuevo; y el exfuncionario de YLB, Cristian Arias Andia. Estos tres actualmente cumplen detención domiciliaria.
El resto de aprehendidos son el exingeniero de obras, Jorge Flores Mamani, y el exjefe de planta en Uyuni, Edwin Fenelón U. Y., el último en ser aprehendido. Por su parte, el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, también resultó implicado, pero falleció el 24 de abril antes de ser investigado.