La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) lanzó una licitación por 31,1 millones de bolivianos para la compra de equipos que permitan la ejecución de la reforma en Derechos Reales, pese a que el viernes (10) el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió su aplicación, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se declaró en emergencia la noche de este lunes y convocó a una movilización nacional desde el lunes 20.
“Llevar adelante la adquisición de una Infraestructura Tecnológica de misión crítica, suficiente y necesaria para realizar la implementación y puesta en producción del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales, permitiendo a dicho sistema, trabajar en alta disponibilidad, con seguridad robusta y recuperación ante desastres”, detalla uno de los documentos publicados por Agetic en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
La Agetic, que depende del Ministerio de la Presidencia, continúa con el proceso de compra de dos ítems en la página web del Sicoes: el primero de ellos por 29.983.621 de bolivianos y el segundo por 1.154.720 de bolivianos, haciendo un total de 31.138.341 de bolivianos.
El Decreto Supremo 5143, en su disposición transitoria tercera, establece la implementación de un sistema único de Registro de Derechos Reales que estará a cargo de la Agetic, en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este punto fue altamente criticado por la oposición y sectores sociales como gremialistas quienes temen que la información que debería ser privada pase a conocimiento del Gobierno.
Según la convocatoria, el equipamiento tecnológico tiene “como objetivo” operar en dos sitios seguros y distantes, conectados vía fibra óptica a altas velocidades, garantizando de esta manera la alta disponibilidad del sistema informático.
La convocatoria millonaria sigue en pie pese a que el TCP admitió el pasado viernes la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto, presentada por el diputado arcista Juan José Jáuregui en contra del DS 5143, suspendiéndola de manera temporal su aplicación, en tanto se emita la sentencia.
El auto constitucional señala: “Admitir la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada por Juan José Jáuregui, titular de la Asamblea Legislativa, (…) y poner la presente acción en conocimiento de Luis Arce, presidente del Estado, en representación del Órgano que generó la norma impugnada”.
El Conade también está en contra del DS 4732 que se centra en la obligatoriedad de obtener del Ministerio de Justicia, con carácter previo, un “certificado de no contener cláusulas abusivas” en los contratos de preventas, ventas adelantadas, venta con reserva de propiedad, etc., de bienes inmuebles. Este Decreto Supremo data del 1 de junio de 2022 y llamó la atención del Conade después de que el gobierno de Luis Arce aprobó el DS 5143, referido a cambios substanciales en DDRR.
El dirigente del Conade, Manuel Morales, informó que ambas normas vulneran el principio de propiedad privada. “El Gobierno dijo que haría una acción de inconstitucionalidad abstracta para que el TCP congele el desarrollo del decreto y el día de hoy (lunes) la Agetic comenzó a comprar nuevos equipos de computadora para DDRR vulnerando supuestamente esta paralización que se iba a hacer”, afirmó.
“Ratificamos, por lo tanto, que sólo en las calles, a través de la movilización ciudadana que vamos a lograr la abrogación (del DS 5143). La gente del Conade estamos trabajando con la ciudadanía y otras instituciones para que el lunes 20 de mayo a nivel nacional salgamos, de manera coordinada, en los nueve departamentos a una movilización exigiendo la abrogación de los dos decretos”, puntualizó.
Para ello, Morales adelantó que coordinarán con otros sectores sociales que están en contra de ambas normas como los gremiales. “Haremos todos los esfuerzos horizontales de comunicarnos con todas las organizaciones, incluso, a nivel nacional para que el 20 tengamos una movilización nacional y contundente”, precisó.
La diputada, Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana protestó por el proceso de compra que inició la Agetic, pese a que el TCP suspendió la aplicación del DS 5143, pues considera que el Gobierno pretende manipular los datos del derecho privado de los bolivianos.
“Son más de 31 millones de bolivianos los que la Agetic ha destinado para la adquisición de computadoras y un software que va a permitir al Gobierno nacional poder manipular los datos del derecho privado de los ciudadanos bolivianos. Nuevamente estamos ante un Estado policíaco que se quiere entrometer en la vida privada de todos los bolivianos”, dijo Campero.
La parlamentaria denunció que también hay el interés gubernamental de controlar las comunicaciones de los bolivianos. “La Agetic sigue teniendo en curso una millonaria adquisición tecnológica para la implementación del sistema único de gestión de servicios y registros de derechos reales. Tenemos la seguridad de que el Ministerio de la Presidencia, a través de Agetic, quiere controlar los datos de todos los bolivianos, no sólo de derechos reales, sino también de telecomunicaciones”, señala Campero en un video que compartió en redes sociales. (Brújula Digital)