Un espeluznante linchamiento de tres hombres sucedió en el Chapare en días pasados, reproduciéndose en esa forma la práctica del primitivo sistema judicial comunitario, establecido en la Constitución Política actual. La noticia llegada del pueblo de Ivirgarzama, en el centro de la provincia Chapare de Cochabamba, ha causado un profundo sacudimiento a la ciudadanía, que no acepta que personajes sin autoridad cometan crímenes de esta naturaleza. En efecto, en la plaza pública de Ivirgarzama, ante la presencia de autoridades y una multitud de cientos de personas, fueron linchados tres hombres acusados de secuestro a una pareja, que estaba dentro de un motorizado, por lo que éste fue incendiado. Los supuestos delincuentes fueron golpeados y quemados hasta fallecer, sin que miembros de la policía y justicia puedan hacer algo para evitar crimen de semejante índole, que se pensaba que ya había desaparecido en la civilización humana.
Tal ajusticiamiento fue una especie de reproducción de hechos de justicia primitiva, inconstitucionales y arbitrarios, de poblaciones que aplican medidas extremas a su entender y aunque fuese con personas que, de haber sido juzgadas, no podían ser ejecutadas por la vía del linchamiento, ni mucho menos.
Tan espantosa forma de eliminar a individuos empezó a proliferar en el país desde hace unos quince años, cuando se divulgó la teoría de la justicia pública por vías de hecho y desconociendo leyes y autoridades. Y es que la Asamblea Constituyente de 2008 estableció que en Bolivia no existe la pena de muerte y solo rige la condena máxima de treinta años de prisión. Se presume la inocencia de todo acusado y se le otorga el derecho a la defensa y otros recursos legales. Pero esos y otros principios fueron desconocidos en Ivirgarzama, como si se considerase que el Chapare es un Estado independiente, con leyes y autoridades propias que ignoran la Constitución Política.
Sin embargo, la Carta Magna dictamina que solo la Justicia tiene la potestad de juzgar y su autoridad emana del pueblo boliviano y se sustenta en principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, entre otros. No obstante, agrega que la jurisdicción indígena se ejerce por sus propias autoridades, jurisdiccionales especializadas y reguladas por la ley, y que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.
Además de producirse hechos espeluznantes por la aplicación de justicia por propia mano, autoridades de diverso género de nivel plurinacional, no reaccionan oportunamente, por lo que autores de horrendos crímenes, –como los de los tres hombres en Ivirgarzama, por parte de una turba que mantiene un pacto para no hablar–, siguen gozando de libertad, en vez de ser juzgados y sancionados de manera ejemplar.