La minería es desoladora con la naturaleza, pues su paso sólo deja miseria y devastación.
En lo recóndito de la Amazonía boliviana, en una población al norte del departamento de La Paz, donde la autoridad del Estado apenas se hace notar, un grupo de activistas ambientales asumió la labor de combatir la depredación de los bosques y el abuso de poder, en una continua búsqueda para dar ejemplo a las nuevas generaciones.
Nacieron hace casi cuatro años, aproximadamente, justo después de la pandemia, como una respuesta ante el avance de la minería, el desmonte ilegal, la agroindustria y otras actividades extractivas que, si bien generan ingresos, son poco sostenibles con el medio ambiente y a la larga dejan pobreza y abandono.
Conformaron la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde, un grupo compuesto por más de 40 personas, liderados por Paola Guerra, una mujer que le hace honor a su apellido.
“En los inicios no fuimos muchos, somos personas que tenemos como prioridad en la cabeza, en el alma y en el corazón, cuidar nuestro bosque, porque ese es el futuro, no sólo de Ixiamas, sino de todo el mundo, porque esto es para que nosotros y nuestra descendencia podamos vivir tranquilos”, manifestó Guerra en una visita al área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi, donde una empresa maderera ha comenzado a talar árboles.
La plataforma de Ixiamas también logró crear un subgrupo conformado por jóvenes y niños, con el objetivo de inculcarles el valor del cuidado de la naturaleza y el suelo donde viven.
Otro de los defensores de este grupo es Ignacio Ángelo Racua, un hombre de más de 70 años con sangre indígena Tacana, quien se crió en el bosque con padres que aún cazaban con arco y flecha. Es por ello que le tiene un especial cariño y respeto a la Madre Tierra, actualmente trabaja con la Plataforma para frenar el desmonte en Satariapo, una región próxima al pueblo de Ixiamas.
“Sigo con gran dolor al ver toda esta depredación y la afectación a nuestros ojos de agua y manantiales (…), estos árboles tan hermosos que seguramente van a ser víctimas del trabajo ilegal”, manifestó a orillas del río Satariapo, donde se extrae la madera de antiguos y gruesos árboles, con y sin autorización de las autoridades.
Racua, quien también es presidente del Consejo Indígena de Comunidades Tacanas de Ixiamas (Cicoti), advirtió que como autoridad comunal pondrá un alto al desmonte en Satariapo. “Yo soy uno de los que jamás me voy a rendir (…). Si no se paraliza esto, yo voy a ir a meterle el candado porque tengo todo el derecho, toda potestad como ciudadano y como autoridad originaria”.
Los activistas coinciden en que antes no tenían tantas amenazas como ahora, y que estas no sólo vienen de empresas o cooperativas mineras, madereras o de la agroindustria, sino también de las esferas políticas a nivel local y nacional, con funcionarios municipales ligados a la minería y autoridades nacionales que buscan convertir a Ixiamas en un centro de producción de monocultivos. Por ello es que decidieron unir fuerzas.
Jorge Howard Málaga, exalcalde de Ixiamas, rememora que los burgomaestres que llegaron después de él intentaron anular la ley municipal que protege los bosques de Ixiamas, y a raíz de esto se creó la Plataforma, de la que también es miembro.
“Las principales amenazas son los desmontes descontrolados, el no respetar la división de nuestras áreas protegidas municipales, porque a la gente que viene de afuera no le interesa eso, sólo le interesa desmontar. Las tierras amazónicas no son para cultivos extensivos, muy poco dura la tierra, se va a degradar rápidamente; y el tema de la minería, el río Tequeje está completamente contaminado y todo es con mercurio”, enfatizó la exautoridad.
Jorge Adolfo Haensel fue otro de los alcaldes municipales de Ixiamas que, durante su gestión, defendió su región del extractivismo y ahora lo sigue haciendo, pues forma parte de la Plataforma.
Reflexiona que la minería es “desoladora” con la naturaleza, pues su paso sólo deja “miseria y devastación”, tal como ocurrió en Guanay, Teoponte y otras regiones de Los Yungas de La Paz. “Esa misma gente (mineros) está viniendo a Ixiamas y reúnen a cuatro o cinco personas para formar una cooperativa, y nos hacen pelear entre propios ixiameños”, dijo.
Asimismo, informó que el Gobierno nacional pretende introducir la plata de palma aceitera en la Amazonía boliviana, a fin de contar con materia prima para la producción de agrodiésel, cuando hay plantas nativas que pueden tener mayor rendimiento y un menor impacto en el medioambiente.
Estos activistas por la naturaleza, con los pocos recursos que cuentan, le hacen frente al poder y a las políticas estatales, pues saben que al cuidar su territorio no sólo protegen su vida, sino también la de su descendencia. (Brújula Digital/La Nube/Sumando Voces)