La sentencia de junio de 2022 que condenó a la expresidenta interina, Jeanine Añez Chávez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes en el caso denominado “Golpe de Estado II”, fue ejecutoriada para que cumpla su reclusión en el penal de Miraflores de La Paz.
Aunque Añez apeló la sentencia, su recurso fue rechazado y su defensa se vio obligada a activar la casación. Este recurso fue llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que es la última instancia de apelación, pero éste ratificó la condena contra Añez.
«Existe una sentencia ejecutoriada por el proceso de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado e incumplimiento de deberes, siendo este el único proceso concluido contra la exmandataria», señaló el abogado de Añez, Luis Guillen. El jurista cuestionó que, inicialmente, se había limitado el proceso al ejercicio de Añez como senadora, pero la sentencia acabó incluyendo su asunción presidencial.
Guillen denunció que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz fue conformado meses antes específicamente para juzgar a Añez y que actualmente se encuentra desintegrada. Por ello, anunció que acudirán nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano.
«Ya hemos agotado todos los recursos internos. Se está preparando una demanda internacional por las vulneraciones al debido proceso, al juez natural y otras irregularidades en este caso», declaró Guillen.
Recordó que la primera demanda internacional que realizaron fue por la aprehensión «indebida» en el caso «Golpe I», donde se investigó el delito de terrorismo.
Ahora, acudirán nuevamente ante esta oenegé por declarar a Añez culpable por los delitos mencionados, supuestamente cometidos al asumir la presidencia del Senado y luego la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019. (Erbol)