El país está atravesando uno de los fragmentos más oscuros de su reciente historia, por una lógica de política partidaria confundida entre el odio al Estado de Derecho y el abuso del poder. El resultado de esta nociva alquimia, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se muestra inclemente con el pueblo, bloqueado por los afanes gubernamentales.
En lo que va de esta legislatura, entre enero y la segunda semana de mayo, la Cámara de Diputados ha convocado a seis sesiones, de las que podemos decir que sólo una junta deliberativa tuvo relativo éxito, la 45° Sesión Ordinaria del lunes 5 de febrero, y no por mérito propio, sino por el mañoso acuerdo del Movimiento al Socialismo (MAS) suscrito con una facción de la oposición que aprobó la Ley CS N°144/2022-2023 «Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024».
Desde el 5 de febrero, sin mayor preocupación para el anodino presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez, hasta el 28 de febrero mantuvo inmóvil a la Cámara de Diputados, mientras sus jefes de la Casa del Pueblo urdían cómo evadir su compromiso de aprobar la suspensión de plazos procesales, proyecto de ley 073/2023-2024, y de respeto al cumplimiento de plazos de altos funcionarios judiciales, 075/2023-2024. No le importó al gobierno de Luis Arce Catacora la agenda nacional urgente, que a la fecha es imprescindible para resolver la múltiple crisis de Estado.
Llegamos al fatídico 28 de febrero, la 58° Sesión Ordinaria que se extendió en extramaratónica sesión hasta la 59°, ambas por segunda vez congregaron a los diputados para tratar un asunto de real importancia nacional, las elecciones judiciales. Pero nos equivocamos, en estas y sucesivas sesiones lo importante para los diputados del gobierno sería su agenda de grupo en plena vigencia, ¿cómo se eternizan en el poder?, no así la agenda urgente que necesita ser atendida, contando el tema fatal para los bolivianos: la elección de otras altas autoridades del Órgano Judicial.
Desde entonces, a la fecha, transcurrieron otras tres sesiones de la Cámara de Diputados, que se convirtieron en la extensión de la ocurrida en febrero, que aparejan el nudo gordiano tricéfalo que los diputados del gobierno en su desatino político se niegan a desatar con la suspensión de plazos procesales y el cumplimiento del período de funciones de los “altos operadores de justicia”, que deben ser reemplazados por el voto popular.
Ese nudo tiene atados al Órgano Ejecutivo, al Órgano Legislativo y a la vigencia de la democracia boliviana.
La prolongación de esta injusticia con el país se debe a la tozudez del gobierno, que irrespeta el Estado de Derecho. Y sobre esa perniciosa base, pretende poner en marcha un listado de asuntos legislativos convenientes al gobierno de Luis Arce, entre ellos la aprobación de “créditos salvavidas” de financiamiento externo, más que cumplir con las urgencias del país.
Las dos recientes sesiones de la Cámara de Diputados, la 101° del jueves 2 de mayo y la 105° del miércoles 8 de mayo, son la continuidad de la vergüenza del legislativo oficialista, que se niega a modificar su agenda particular de grupo por la agenda nacional; para mal de males, la oposición no logra una contraofensiva eficiente y continúa en espera la agenda de las elecciones judiciales, de la crisis económica, de la crisis energética, la falta de dólares, de la miseria del sistema de salud y un largo etcétera que nos pone al filo del despeñadero.
Entretanto, el insustancial y anodino presidente de la Cámara de Diputados, envuelto en extrañas conversaciones, no tiene ni pálida idea sobre presidir una de las instituciones más importantes de preservación de la democracia y el bien común. Es decir, estamos en manos de un inepto, lo que lo hace doblemente peligroso, porque ignora la gravedad de sus actos, en contravía con las urgencias que demanda el país.
Por si fuera poco, ahora su gobierno le inició un proceso, con el que tiene sus cuentas congeladas, a fin de que no se atreva a desmarcarse de las decisiones tomadas en la Casa Grande. Huaytari se complicó a sí mismo, tiene una difícil decisión, entre ir a la cárcel o seguir las órdenes que le dicta Luis Arce Catacora.
El autor es Administrador de Empresas y Diputado Nacional.