Normas sin respaldo de la población

En los últimos años el gobierno de turno ha intentado poner en vigencia normas sobre diversos asuntos, como contra la legitimación de ganancias ilícitas, para establecer la jubilación forzosa, asumir el control de entidades como Derechos Reales, etc., pero las masivas protestas de sectores sociales han impedido ese propósito.
En el caso de la jubilación a los 65 años, previo examen médico a cargo de un organismo de salud estatal, con el argumento dudoso de cuidar la salud de las personas mayores, no ha logrado aceptación por cuanto el procedimiento es cuestionable, pues ese requisito no rige para políticos, los que podrían seguir en funciones hasta su decrepitud total, aunque sus desempeños son motivo de constante reprobación general. También se sospecha que los puestos que queden vacíos por esa jubilación “voluntaria” serían llenados con afines al MAS, sin que prime la capacidad, sino el favoritismo político. Por otra parte, que militares y policías reciban pensiones al cien por ciento, mientras a jubilados de otros sectores se les conceda rentas paupérrimas, implica una increíble discriminación.
En cuanto a la Ley 218, Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que era tratada en Diputados, después de intensas protestas de gremiales, transportistas y cívicos, fue abrogada. Y es que dicha norma, según los sectores disconformes, carecía de transparencia y se prestaba a un manejo que podría afectar a pecadores e inocentes.
El caso más reciente tiene que ver con Derechos Reales, entidad sobre la cual el gobierno de turno emitió el Decreto Supremo 5.143, para “reglamentar la ley de 1887”, buscando “simplificar y modernizar trámites”, como se dijo desde el oficialismo. Sin embargo, sectores sociales populares dieron plazo al gobierno para su abrogación, así como pidieron resolver problemas como la escasez de dólares, entre otros. Y cuando las protestas empezaban a masificarse, el presidente Luis Arce anunció la abrogación del decreto sobre Derechos Reales, pero señalando que hubo desinformación sobre la norma con “fines oscuros” y que se trataba de convulsionar al país. Contrariamente, desde sectores que rechazaban tal norma se afirmó que la población no acepta que se menoscabe la propiedad privada mediante un manejo de Derechos Reales que puede prestarse a intereses políticos nefastos.
Por lo mencionado se observa que la población siempre reaccionará en contra de normas que no sean elaboradas de manera eficiente, es decir, que primero se analice las ventajas y desventajas para las mayorías que no viven de la politiquería ni tienen cargos públicos.
El problema se agrava por cuanto la imagen de las instituciones del Estado está tan deteriorada que no son motivo de confianza de la ciudadanía, por lo que cualquier regulación sin consenso que se pretenda aplicar desde el gobierno será cuestionada mientras no haya cambios profundos y a cargo de un gobierno que verdaderamente trabaje para moros y cristianos. En caso contrario, habrá otras abrogaciones de normas por masivo descontento popular.