Abrogación de decreto al filo de la convulsión

Al filo de una convulsión social, el presidente del Estado Plurinacional abrogó el decreto supremo sobre reforma de Derechos reales, que había dictado hace quince días y fue enviado al Órgano Legislativo para su conocimiento. Cuando los parlamentarios recibieron el decreto lo consideraron como de contenido delicado y antes de debatir sobre el mismo, prefirieron derivarlo al Tribunal Constitucional para una revisión de constitucionalidad.
Recibida la consulta, dicho tribunal prefirió suspender su análisis y lo devolvió al Legislativo, con baja calificación. Mientras tanto, esa medida sobre Derechos Reales promovió una agitación social que estuvo a punto de convertirse en una insurrección popular destinada a evitar que la propiedad territorial urbana sea objeto de modificaciones antieconómicas y antidemocráticas.
Entonces, ante esa grave situación, el presidente del Estado, ni corto ni perezoso, anuló el decreto que él mismo había emitido casi dos semanas atrás. Por otro lado, se agrava la crisis política que vive el país ante una serie de acontecimientos, como la crisis económica, la falta de dólares, los riesgos de inflación galopante, la amenaza de que el Ejecutivo dé curso a otros decretos, el fracaso de las elecciones para magistrados y otros que afectarían a varios sectores sociales. Por ello la situación política del país entró en convulsión, a tal extremo que el Ministerio de Gobierno pudo percibirla y luego el presidente del Ejecutivo tuvo que eliminar el decreto de marras, lo cual puso fin, por lo menos parcial y momentáneamente, a un movimiento insurreccional que pudo extenderse en el país. Pero el origen de ese grado de descontento popular tiene que ver con políticas erráticas que se acumularon durante los últimos quince años.
Sin embargo, tan crítico contexto pareciera que no ha terminado, pues la población demanda la abrogación de otras medidas propiciadas por el Ejecutivo, que serían más contundentes que el citado sobre Derechos Reales, ya que afectarían al derecho de propiedad urbana, en especial a la pequeña y mediana, como ocurre con la prohibición de venta de tierras para los campesinos, en vigencia por medio de la política agraria del gobierno, establecida en la actual Constitución Política.
De todas maneras, el gobierno ha retrocedido para evitar un estado de cosas de extrema gravedad y se espera que rectifique los proyectos en los que estaría embarcado. Finalmente, la crisis política que permanentemente vive el país, no deja de agravarse por la división del MAS, partido de gobierno que se ha escindido en dos tendencias antagónicas, por lo que su rivalidad está llegando a un grado de incandescencia al que los medios oficiales echan leña sin límite.