miércoles, julio 3, 2024
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Ante discursos fantasiosos del Gobierno

Bolivia necesita un “baño de realidad”

> Las leyes “extrañas” que impulsa el Gobierno generan malestar en la sociedad, pues suponen un ruido en el discurso de estabilidad y crecimiento. > El académico expresó que las actuales figuras políticas, tanto de oficialismo como de oposición, carecen de propuestas y liderazgo.

En medio de un panorama de incertidumbre generalizada en la economía y la seguridad jurídica, la falta de liderazgos y una “juridicocracia” imperante, el país necesita urgentemente una propuesta política renovadora que traiga un “baño de realidad” y de transparencia para hacer frente la narrativa del “mundo de fantasía” que mantiene el Gobierno, según analizó el docente, investigador y asesor legal, Oscar E. Villanueva L.
“Les falta una visión realista a los dos bloques, oposición y oficialismo. El oficialismo no es sincero, nos cuenta ese mundo de fantasía de que todo está perfecto. Por otro lado, la oposición nos habla de una catástrofe inminente y que solo falta esperar a que caiga el meteorito para que todo explote”, manifestó Villanueva en entrevista exclusiva con EL DIARIO.
El académico recalcó que ninguna de las fuerzas políticas hace una propuesta para el futuro del país. “Nos avisan la catástrofe, pero es como que estamos corriendo todos hacia el abismo y nadie nos dice cómo detenernos. Nos hace falta un realismo. No basta solamente con sacar al Movimiento al Socialismo (MAS) del poder”.
“La gente está esperando una propuesta que no existe. Mientras nuestros políticos se están peleando, la gente dice ‘dime qué hago, cómo vas a solucionar esto si te elijo’. Lo único que ha cambiado ha sido la mano de los corruptos que me robaban. Antes era la mano derecha, ahora es la mano izquierda”, sentenció.
Luego de preguntar a sus estudiantes sobre quién votarían si las elecciones fueran en este momento, el docente señaló que una respuesta recurrente es “no sé”. Esta incertidumbre estaría explicada por el hecho de que las actuales figuras políticas representan al pasado y no existen verdaderos liderazgos.
Por ello, vaticinó que las próximas elecciones serán vencidas por un líder que plantee una propuesta política seria, “que enfrente un futuro de crecimiento” haciendo transparente los aspectos que actualmente no son aclarados por la gestión del jefe de Estado, Luis Arce Catacora.
En su lectura, existe una profunda “desilusión” de la población con las fuerzas políticas actuales, incluso dentro del MAS. “Hay mucho masista que se ha desilusionado, que ya no cree del proceso del cambio. La oposición tiene lo mismo, hemos creído en Creemos, en Comunidad Ciudadana, ¿y qué son ahora? Ahora se han desmembrado, entonces hay mucha desilusión, hay mucha decepción”.
Sin embargo, pronosticó que esta urgente necesidad de un nuevo liderazgo político dará lugar a un líder impopular que tendrá en sus manos la tarea de cumplir la promesa incumplida del “nuevo país” y ordenar la actual situación. “El próximo presidente tiene que entender que va a ser impopular. Si quiere gobernar y hacer buen gobierno, tiene que ser impopular”, expresó.

INCERTIDUMBRE MASIFICADA
El entrevistado reiteró que el gobierno de Arce no es sincero con la población y que continúa generando “ruido” dentro de su discurso fantasioso, pues a través de sus acciones estaría mostrando una intencionalidad oculta que compromete la seguridad jurídica y la tranquilidad de la población.
Como ejemplo, citó al tema de la ley que pretende obligar a las personas a pedir una autorización al Ministerio de Justicia cuando desee vender sus propiedades. El Gobierno sostuvo que esto busca evitar “cláusulas abusivas” en los contratos de preventa.
Para el docente universitario, esta nueva iniciativa es “absurda”, es “una clara vulneración a la propiedad privada” y un puente burocrático innecesario para el ejercicio de un derecho humano, pues en el contexto nacional su aplicación no sería plausible, debido a la excesiva burocracia y la corrupción institucionalizada.
Agregó que el MAS busca desesperadamente conseguir recursos económicos ante la crisis, pues no está siendo transparente ante la población. Esto, sumado a su insistencia en que se aprueben leyes “extrañas”, genera una situación “dudosa y turbia”, un “malestar” en la sociedad marcado por la susceptibilidad y la incertidumbre.

GOBERNADOS POR LA “JURIDICOCRACIA”
Otro aspecto que Villanueva remarcó es que Bolivia vive gobernado por la “juridicocracia”, término que se refiere a que el Órgano Judicial se ha convertido en un “elemento de manipulación” del Ejecutivo, con la intención de buscar fines contrarios a la ley y contradictorios con la seguridad jurídica del Estado y los principios elementales del Derecho.
La “juridicocracia” se explica con las determinaciones judiciales “a medida” que emiten los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), máxima instancia de la Justicia boliviana, en favorecimiento a intereses del Órgano Ejecutivo.
El académico aclaró que este sistema viene ejerciéndose en otros países. “En Perú, el Legislativo ha manipulado totalmente al Tribunal Constitucional, entonces éste es totalmente servil; lo ilegal que hace el Legislativo, lo legaliza el Tribunal Constitucional. Ha pasado en Nicaragua y en Venezuela. Estamos yendo por un camino bastante peligroso y muy incierto”.
En este sentido, agregó que es necesaria una profunda reforma del Estado ante un desgastado modelo en el que el MAS prometió un cambio que nunca llegó, pues la población sigue desconfiando de la clase política y de las mismas instituciones de las que desconfiaba hacía antes de la hegemonía masista.

DISCURSO DEL
GOBIERNO
En contraparte, el Gobierno sostiene que existe una “campaña de desinformación” para desprestigiar, desestabilizar y “boicotear” su gestión. Tras la derogación del Decreto Supremo 5143, Arce sostuvo que lo hizo por evitar una “convulsión social”. Desde la oposición y en coincidencia con Villanueva, esta medida fue vista como una derrota del Presidente.
Asimismo, Arce ha manifestado reiteradamente que existe una alianza entre la vieja y la “nueva derecha” para impedir el crecimiento económico del país, tanto en el Parlamento como en espacios de la opinión pública. En reiteradas ocasiones, el Gobierno defendió estas leyes argumentando que se busca dar mejor atención a la población y evitar dilación en trámites, negando que se intente atentar contra la propiedad privada.

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