La transparencia no es solo un principio abstracto, sino un imperativo moral y pragmático que debe guiar la actuación de los gobiernos y las instituciones en todos los niveles. En un ámbito donde la corrupción amenaza con socavar los cimientos de la sociedad, la transparencia emerge como un antídoto vital para contrarrestar sus efectos nocivos.
Que no solo implica la divulgación de información, sino también la apertura a la supervisión y escrutinio público. Es el compromiso de los líderes y las instituciones de rendir cuentas de sus acciones, decisiones y uso de recursos. Es el reconocimiento de que el poder debe ejercerse de manera responsable y en beneficio del bien común, no en interés de unos pocos.
En un escenario de corrupción generalizada, la transparencia desempeña varios roles, en primer lugar, actúa como un disuasivo contra la mala conducta, cuando las acciones de los líderes y las instituciones están expuestas a la luz pública, se reduce la posibilidad de comportamientos indebidos o corruptos. La transparencia crea un entorno de “accountability” (responsabilidad) donde aquellos que abusan de su poder enfrentan consecuencias tangibles por sus acciones.
Además, la transparencia promueve la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático en su conjunto. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información veraz y completa, se fortalece su capacidad para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política y social. La transparencia fomenta la participación ciudadana y empodera a la sociedad civil para ejercer presión sobre los líderes y las instituciones en aras de la responsabilidad y la integridad.
Por otro lado, la falta de transparencia alimenta la desconfianza y el escepticismo hacia el gobierno y las instituciones, socavando la legitimidad del sistema. Cuando los ciudadanos perciben que se oculta información o son manipulados los datos, se erosionan los cimientos de la democracia y se abre la puerta al autoritarismo y la arbitrariedad.
En última instancia, la importancia de la transparencia en tiempos de corrupción generalizada radica en su capacidad para promover la justicia y la equidad. Cuando los recursos públicos se gestionan de manera transparente y se rinde cuentas por su uso, se garantiza que se distribuyan de manera justa y equitativa, beneficiando a toda la sociedad en lugar de privilegiar a unos pocos.
Varios países han implementado políticas y medidas para promover la transparencia en sus sistemas gubernamentales y en la sociedad en general. Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Canadá y Países Bajos, son solo algunos ejemplos de países que han hecho de la transparencia una prioridad en su agenda política y que han implementado medidas concretas para promover la apertura y la rendición de cuentas en sus sistemas gubernamentales. Es importante destacar que ningún país es perfecto en este sentido, y siempre hay margen para mejorar y fortalecer las políticas y prácticas de transparencia.
En contrapartida existen países que son menos transparentes. Puede ser un desafío debido a la falta de datos exhaustivos y a las diferencias en la percepción de la transparencia en diferentes ámbitos. Sin embargo, algunos países han sido objeto de críticas por su falta de transparencia en diversos aspectos, en este caso: Corea del Norte, Turkmenistán, Eritrea, Arabia Saudita, Zimbabue, entre otros. Esto se debe a varios factores, como regímenes políticos restrictivos, gobiernos autoritarios, represión a la libertad de expresión y los medios de comunicación, falta de rendición de cuentas gubernamental, y corrupción generalizada. Suelen limitar el acceso a la información, controlar estrechamente los medios de comunicación y mantener una opacidad en áreas como los derechos humanos, el sistema judicial y la toma de decisiones políticas. La falta de transparencia puede variar en cada país y puede afectar diferentes aspectos de la vida política, económica y social.
Y ¿qué pasa con Bolivia? Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International, que evalúa la percepción de corrupción en el sector público, Bolivia ha mostrado una tendencia variable en los últimos años. Por ejemplo, en el 2020, obtuvo una puntuación de 31/100, lo que la situó en el puesto 107 de 180 países evaluados. Aún existe un amplio margen de mejora en cuanto a la percepción de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. Algunos de los desafíos incluyen la corrupción en el sector público, la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas discrecional.
La polarización política y los conflictos internos pueden obstaculizar los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la gobernanza.
En un mundo marcado por la corrupción generalizada, la transparencia surge como un principio ético y práctico indispensable para fortalecer la democracia, promover la rendición de cuentas y restaurar la confianza en las instituciones. La transparencia no es una opción, sino una necesidad imperiosa en la lucha contra la corrupción y la construcción de sociedades más justas y democráticas.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.