Gobierno debe revelar intereses que perjudican la elección judicial

Tras conocerse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) pidió al Gobierno de Bolivia un informe sobre todo el proceso “fallido” de las elecciones judiciales, el diputado por la agrupación Creemos, Walthy Egüez, sostuvo que con esta solicitud el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) está en la obligación de revelar las motivaciones partidarias y de grupo que impiden la conclusión de un proceso que inició en marzo de 2023.
Afirmando que el Órgano Ejecutivo no podrá distraer su cogobierno antidemocrático e instrumentalizador del sistema de administración de justicia, Egüez saludó el hecho de que instancias internacionales expresen preocupación por el prolongado retraso del proceso para la elección de nuevas autoridades judiciales en el país.
“La permanente manipulación e injerencia política mediante recursos judiciales digitados, revelarán los nexos que reprimen un proceso vital para el retorno de la democracia plena”, indicó.
Recordó que como una medida de rechazo a la manipulación política del gobierno, durante la 120° Sesión Ordinaria de la Cámara de Baja, se realizó una votación simbólica en la que 99 de los diputados asistentes votaron por tratar los proyectos de ley 045 y 043, lo que significa mayoría absoluta en el supuesto que hubieran asistido los 130 diputados.
“Como oposición lo dijimos y lo sostenemos, la comunidad internacional y el mismo pueblo no permitirán que el gobierno y sus acólitos continúen avanzando impunemente. Nuestra lucha por un sistema de justica correcto es inquebrantable”, manifestó Egüez a través de sus redes sociales.
El miércoles, durante la sesión de la Comisión Mixta de Constitución, se leyó una petición del organismo internacional en la que se solicita detalles de todo el proceso.
Los puntos solicitados por la C-IDH tiene que ver con la elaboración de una tabla en la que sumen todas las acciones de defensa del proceso de elecciones judiciales que se encuentran actualmente en trámite, otra tabla que sume las demandas constitucionales contra el proceso que se encuentran en trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, informes del Órgano Legislativo a través de la Asamblea por el estado actual del proceso y las etapas que deben cumplirse, los reglamentos de trabajo de las comisiones mixtas de la ALP encargadas del proceso de preselección y un listado de las organizaciones que estén acreditadas para participar en la preselección en calidad de veedores, nacionales e internacionales.